Juez de investigación kirchnerista rastrea pagos a sector privado

El juez federal que investiga un escándalo de corrupción en el mundo político y empresarial de Argentina solicitó al servicio de rentas internas AFIP que revise los libros de compañías que admitieron haber pagado sobornos al Ministerio de Planificación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Según el diario La Nación, que citó fuentes anónimas en el gobierno, la orden del juez Claudio Bonadio significa que empresas como la unidad local de la española Isolux-Corsán y la firma de construcción Iecsa, que admitieron haber pagado sobornos fuera de sus balances al ex ministro de Planificación Julio de Vido, enfrentarán cargos por evasión de impuestos que pueden llegar hasta el 70% del valor de las coimas.

Iecsa era la división de construcción del grupo Socma de Franco Macri, el padre del presidente Mauricio Macri. La unidad era propiedad de Antonio Calcaterra, el ahijado de Franco Macri y primo del presidente, quien la vendió cuando Mauricio Macri llegó al poder en diciembre de 2015 y ahora está colaborando con las autoridades.

Bonadio busca determinar los orígenes de las maletas llenas de efectivo que fueron entregadas al número dos de De Vido, Roberto Baratta, según el informe de La Nación. El chofer de Baratta detalló minuciosamente las entregas y recogidas de sobornos relacionados con contratos de obras públicas en ocho cuadernos descubiertos por un periodista de La Nación, que los entregó a los tribunales. Las notas indican que Iecsa pagó unos US$8mn en sobornos a funcionarios de Kirchner.

Según un ranking proporcionado por De Vido en ese momento, Iecsa era el tercer mayor contratista estatal, detrás de Techint y Electroingeniería. Entre otros proyectos, formó parte de un consorcio con Odebrecht para soterrar el ferrocarril Sarmiento.

Bonadio ordenó el arresto de 16 ex funcionarios y ejecutivos de empresas, algunos de los cuales admitieron haber pagado sobornos y se encuentran negociando acuerdos de clemencia.