Bancos chilenos subrayan bajas tasas de fraude con tarjetas y cuestionan proyecto

El nivel de fraude con tarjetas de Chile es bajo si se compara con el de América Latina, según la asociación bancaria local ABIF.

Hoy en día hay unos 30 millones de tarjetas activas en Chile frente a los 3 millones de 1995 y cada año se realizan cerca de 800 millones de transacciones con tarjetas de débito y 300 millones con tarjetas de crédito, según la ABIF.

Chile presenta una tasa de fraudes con tarjetas equivalente a 4,6 puntos básicos del monto total de transacciones con tarjetas comparado con los 13,9 de América Latina, de acuerdo con la ABIF. El índice de fraude presencial en Chile —que ocurre cuando se presenta una tarjeta física en un establecimiento comercial— llega a 0,4 puntos básicos respecto de los 4,3 de América Latina, en tanto que el fraude no presencial —que corresponde, por ejemplo, a transacciones online— alcanzó 12,8 puntos básicos frente a los 67,8 de la región.

Según la ABIF, a pesar de las tasas relativamente bajas, la seguridad de las tarjetas es motivo constante de preocupación y la industria ha introducido una nueva tecnología de tarjetas y cajeros automáticos para ayudar a combatir los fraudes.

La información se conoce mientras los parlamentarios chilenos debaten un proyecto de ley que modifica la actual legislación relativa al fraude con tarjetas. El proyecto de ley establece que, en caso de fraude con tarjetas, un emisor de tarjetas está obligado a devolver al usuario los montos defraudados en un plazo de 24 horas, sin condición alguna, a menos que pueda probar que el usuario se encontraba en conocimiento de las operaciones fraudulentas o que actuó sin la debida diligencia en el manejo del medio de pago.

La ABIF cuestionó los impactos del proyecto de ley ya que busca consignar la responsabilidad únicamente en el emisor de tarjetas, el que debería pagar, por ejemplo, incluso si un establecimiento comercial no es capaz de proteger adecuadamente los datos de sus clientes. "La prevención de fraudes es un proceso dinámico que requiere la colaboración de todos los actores involucrados en la cadena de pagos, cuyas responsabilidades se encuentran estipuladas en la normativa del Banco Central de Chile y la SBIF [regulador bancario]", indicó.

"En este sentido, el proyecto de ley que modifica la Ley N° 20.009 se contrapone a estos aspectos ya que busca consignar la responsabilidad únicamente en el emisor, bancario o no bancario (por ejemplo, tarjetas de prepago no bancarias), frente a casos de uso fraudulento en las tarjetas de pago", añadió.

"Aún más, este proyecto incrementa el riesgo moral y desincentiva el cumplimiento de las obligaciones que corresponde a los demás actores", precisó.