Outlook 2018: El año de la desalinización para México

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Viernes 29 de diciembre, 2017

Se prevé que 2018 sea un año decisivo para la industria de desalinización de México debido a tres proyectos principales que comenzarán a desarrollarse, incluida una instalación que se convertirá en la planta de desalinización más grande del hemisferio occidental.

Dos de esas instalaciones se construirán en Baja California, estado propenso a la sequía ubicado en la frontera con EE.UU., que a menudo sufre de escasez de agua debido a su clima. El tercero se ubicará en Sonora, también un estado de la frontera norte.

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BNamericas analiza estos proyectos, los obstáculos que enfrentaron desde su concepción y lo que les deparará el futuro en 2018.

BAJA CALIFORNIA

Este estado del norte ha sufrido durante mucho tiempo los efectos de la sequía. El escenario de escasez de agua que enfrenta Baja California a veces se ha descrito como una crisis hídrica. La construcción de instalaciones de desalinización para tratar las aguas salinas se ha considerado como una opción para suministrar agua a la población local.

Mientras que una planta ya se construye en la ciudad costera de Ensenada (92% de avance), la actual administración del gobierno ha estado presionando para el desarrollo de otras dos instalaciones similares.

PLANTA SAN QUINTÍN

La idea de construir una instalación en el valle de San Quintín, también en el municipio de Ensenada, se concibió por primera vez poco después de la aprobación de la ley de sociedades públicas y privadas del estado en 2014. Desde el principio, las autoridades decidieron licitar el contrato y desarrollar la iniciativa bajo un modelo de APP, el primero de este tipo en el estado.

En junio de 2015 se lanzó una licitación, que se adjudicó Desaladora Kenton, consorcio compuesto por Libra Ingenieros Civiles, RWL Water y RJ Ingeniería.

El proyecto, denominado Sistema Integral Hídrico San Quintín, consiste en el diseño, construcción y operación de una planta de 250l/s. También incluye la perforación de seis pozos para la toma de agua de mar, así como la instalación de una tubería de agua de mar de 7,4km, otra de 2,5km para la descarga de salmuera, una tubería de agua desalinizada de 1,33km, un tanque maestro de 2.000m3, una línea eléctrica de 10km y dos subestaciones eléctricas.

La concesión del proyecto tendrá una duración de 30 años y la construcción requiere inversiones de 870mn de pesos (US$44,2mn).

Más de 86.000 habitantes del valle de San Quintín se beneficiarán de la iniciativa.

Vista de Tijuana, en el estado de Baja California. Fuente: AFP.

PLANTA PLAYAS DE ROSARITO

Otro proyecto que se concibió hace algunos años para suministrar agua potable a las áreas costeras del estado, que actualmente depende del acueducto Colorado-Tijuana, implica la construcción de una instalación de desalinización en el municipio de Playas de Rosario.

Tras la decisión de desarrollar la iniciativa bajo un modelo de APP, el gobierno estatal lanzó una licitación y posteriormente adjudicó el contrato en junio de 2016 al consorcio Aguas de Rosarito, compuesto por la firma francesa Degrémont, filial de la empresa de soluciones de agua grupo Suez, la compañía local NSC Agua y Nu Water de Singapur.

El contrato a 40 años contempla 3 años para el diseño y la construcción y 37 años de operación y mantenimiento, antes de entregarlo al estado.

El contrato se firmó en agosto.

Terminada, la instalación se convertirá en la planta de desalinización más grande del hemisferio occidental. Esta garantizará que se satisfagan las necesidades de agua de la región de la playa Tijuana-Rosarito durante los próximos 50 años, lo que beneficiará a más de 1,7 millones de habitantes de las ciudades de Rosarito, Tijuana y Tecate.

Mediante el uso de tecnología de ósmosis inversa, la instalación tendrá en una primera etapa una capacidad de producción de 2.200l/s o 50mn de galones por día.

UN CAMINO PAVIMENTADO CON OBSTÁCULOS

El lanzamiento de las obras de construcción de las dos instalaciones estaba pendiente de la aprobación por parte de la legislatura local de la estructura de pago de tarifas del proyecto, lo que implicaba enmendar algunos artículos de la ley local de APP. La tensa situación social creada por la aprobación de una ley de aguas en 2017 que permitió la participación del sector privado en la gestión y operación de los servicios de agua, y que posteriormente fue derogada por el gobierno estatal, hizo que la aprobación de las enmiendas fuera un proceso muy largo.

Aunque la propuesta enfrentó rechazo por parte de los grupos de la sociedad civil y los partidos de la oposición, el proyecto de ley para enmendar la ley finalmente recibió el visto bueno del Congreso en diciembre.

Según la estructura de pago de tarifas aprobada, el operador público de servicios de agua de Tijuana (CESPT) tendrá la obligación de pagar 150mn de pesos (US$7,63mn) más IVA por mes a Aguas de Rosarito durante 37 años a partir de junio de 2019.

Mientras tanto, la sanitaria de Ensenada tendrá que pagar 11,1mn de pesos más IVA por mes a Desaladora Kenton durante 30 años a partir de enero de 2018.

Los pagos mensuales se financiarán con los ingresos recaudados de los cargos a los usuarios. En caso de que los servicios públicos locales no realicen los pagos, el gobierno estatal ha acordado pagar con los ingresos recaudados de los impuestos locales sobre nómina (ISPT).

Los legisladores de la oposición anunciaron que pronto presentarán una demanda constitucional contra la aprobación de la estructura de pago.

Las obras de construcción de las dos instalaciones debieran comenzar en marzo, en tanto que la planta de Rosarito estaría lista dentro de dos años y la de San Quintín en 18 meses.

¿ES FACTIBLE FINANCIERAMENTE LA PLANTA DE ROSARITO?

Además de esas voces que dicen que otras soluciones más rentables podrían implementarse para abordar los problemas de suministro de agua que enfrentan Tijuana y sus municipios circundantes, un estudio de la oficina de auditoría superior del estado (ORFIS) concluyó que los montos de pago establecidos no serían financieramente factible a menos que las tarifas de agua se eleven significativamente.

Según el documento, que analizó la situación financiera y la capacidad de pago de CESPT, las tarifas de agua residenciales tendrían que aumentar en un 54% para que la empresa pueda obtener suficientes ingresos para pagar la producción de la planta. De manera similar, los cargos no residenciales tendrían que subir de 47 a 74 pesos.

Sin embargo, el gobierno estatal ha refutado las afirmaciones de que la aprobación del proyecto de APP implicaría un alza en los cargos por agua.

SONORA

En Sonora se construirá una tercera planta de desalinización para la cual las obras comenzarán en 2018. La iniciativa se concibió en 2015 para abordar la recurrente escasez de agua en los municipios de Empalme y Guaymas propensos a la sequía.

Luego de un largo proceso de estructuración, la legislatura local aprobó el proyecto en abril de 2017 y la licitación se lanzó en agosto.

El contrato a 20 años por la construcción, equipamiento, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la planta se adjudicó recientemente a un consorcio compuesto por la firma española de soluciones de agua FCC Aqualia y su filial mexicana Aqualia México.

El proyecto requiere inversiones de 767mn de pesos y también se desarrollará bajo un modelo de APP.

Según esta estructura, el consorcio aportará el 51% de la inversión requerida y el 49% provendrá de fondos federales.

Una vez completada, la planta suministrará 200l/s (6,3mn de metros cúbicos por año) a los municipios antes mencionados, para beneficiar a 226.000 personas en una primera fase.

Se espera que las obras comiencen durante el 1T18 y que la instalación comience a operar el 4T19.