RSS
Facebook
Delicious
Digg
Yahoo
MeneameEl Gobierno de Colombia siempre ha estado abierto a conversar y a discutir sin prejuicios en los casos donde hay indicios de iniciativas reguladoras o administrativas que podrían entorpecer o contradecir la política pública en materia de minería, dijo a BNamericas Jorge Neher, abogado experto en temas mineros del estudio Norton Rose Canada.
"Uno percibe que, dentro de lo razonable, en general el gobierno toma en cuenta las recomendaciones a favor de la industria y eso -sin duda- es lo más que puede pedir cualquier inversionista", aseveró.
En general en Colombia el sistema regulador y la actitud gubernamental son competitivos para la inversión, señaló el abogado.
"Sin embargo, el exponencial crecimiento del sector ha sobrepasado en ciertos casos la capacidad administrativa del gobierno, ha atraído la atención de la sociedad y de las ONG, ha atraído a especuladores, ha cabalgado sobre regulaciones de otros sectores como el ambiental, laboral y de infraestructura, entre otras cosas", explicó.
CRECER CON NORMAS
El experto estima que la preocupación sobre el crecimiento del sector y la necesidad de que este se desarrolle con respeto a la ley, el ambiente y las comunidades crean cierta presión en el Estado para establecer regulaciones y controles a la actividad.
"El secreto del éxito está en adecuar las instituciones y regular el sector, sin ahogarlo. Las legítimas preocupaciones del Estado y la sociedad pueden siempre satisfacerse con normatividad técnica y bajo premisas científicas; sin caer en fundamentalismos ni ceder a presiones políticas populistas", dijo.
Asimismo indicó que en el último tiempo en Colombia se han observado tales presiones y se han visto indicios de reacciones gubernamentales no científicamente basadas y que potencialmente afectan los derechos de los particulares.
Sin embargo, aclaró que ahora se está en una etapa de conversación serena y técnica entre los diversos actores del sector para seguir impulsándolo, "para lograr que Colombia se convierta en un excelente país minero", agregó.
De esas conversaciones estarían surgiendo algunas propuestas para ser incluidas en el nuevo código minero ahora que el gobierno debe presentar un nuevo proyecto de ajustes a la ley.
ALISTANDO EL ESCENARIO
Además, Neher estima que hay una preocupación por tener listo el escenario minero para que el inversionista cuente con todos los elementos que faciliten su actividad, bajo un ambiente de fortaleza institucional, de respeto al medioambiente y a las comunidades, y de sostenibilidad a largo plazo.
"Afortunadamente esa es la tendencia que yo veo, y es muy esperanzador", puntualizó.
En mayo del 2011, la Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible la ley que modificó el código de minas, aprobada por el Congreso en el 2010, porque no se realizó la consulta previa a las comunidades indígenas.
El Congreso cuenta con dos años, a partir de mayo del 2011, para modificar la Ley 1.382 del 2010 que tenía como finalidad la reforma del código de minas. Si al término de ese tiempo no se ha dado trámite a la ley, quedará automáticamente anulada y cobrará vigencia el código de minas anterior.
La minería representa un 2,6% del PIB del país y, según estimaciones de la Cámara Colombiana de Minería, en los próximos años dicha proporción podría duplicarse y alcanzar incluso niveles de 7%.
¿Porqué leer sólo esta noticia, si puede acceder a todas? Tome su trial de 15 días gratis, aquí.
0
Comentarios