El camino hacia una matriz energética sostenible

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Viernes 26 de octubre, 2012

El crecimiento anual de la demanda eléctrica en Perú en el período 2013-2022 debiera promediar 8,1%, pronóstico que ha incentivado a las autoridades y actores del sector a desplegar mayores esfuerzos para expandir la capacidad generadora.

Un componente integral será la incorporación de medidas para asegurar que las actividades se realicen de manera sostenible. Para profundizar en esta materia, BNamericas conversó con Gabriel Quijandría, viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente.

Quijandría será expositor en la 9a versión de la Southern Cone Energy Summit de BNamericas, que se celebrará en Lima el próximo mes.

BNamericas: ¿El aprovechamiento del potencial hidroeléctrico de Perú está enfrentando mayores obstáculos ambientales o sociales?

Quijandría: Un tema que tiene que estar en discusión es cómo queremos hacer el aprovechamiento del potencial hidroenergético del país: si la apuesta es por grandes megacentrales tipo Itaipú, que tienen un impacto ambiental considerable e implicaciones sociales en el desplazamiento de poblaciones, o si lo que queremos es un modelo un poco menos intenso en impactos y tal vez más pensado, que esté en una gradualidad asociado a las necesidades del país.

BNamericas: ¿En qué políticas sectoriales está trabajando su despacho ahora?

Quijandría: A nivel del gobierno, no solamente de los despachos específicos, el trabajo que se ha venido haciendo con apoyo del BID es la definición de una nueva matriz energética sostenible. Se acaba de entregar hace poco tiempo los resultados de esta propuesta bastante balanceada en fuentes de generación energética, donde el tema de los renovables no convencionales tiene una participación bastante importante, que llega al 20%.

A nosotros nos parece que es una apuesta ambiciosa que va a ser compleja de llevar adelante, pero creemos que está en la ruta indicada y que además va a permitir cumplir con una serie de compromisos que el país ha asumido a nivel internacional, por ejemplo en el marco de la Convención de Cambio Climático.

Tenemos también algunas discusiones no tan avanzadas por el lado de cómo hacer para reducir los impactos sobre la diversidad biológica de todas estas inversiones y posibles desarrollos energéticos que van a ocurrir en el país en el futuro inmediato.

BNamericas: ¿Cuál es el estado actual de la Ley de Ordenamiento Territorial y qué consecuencias tendrá sobre el sector energético?

Quijandría: La ley de ordenamiento territorial es una necesidad sentida por actores de diferentes flancos: los privados, el sector no gubernamental, el Estado, respecto de cómo ordenar la ocupación para las diferentes etapas productivas que existen en el país.

En este momento el proceso está en cierta medida con una marcha un poco más lenta, porque el gobierno ha decidido ir primero a la formulación de una política de Estado sobre el tema de gestión territorial.

En la propuesta de ley que nosotros como ministerio hemos preparado no hay una especificación concreta o alguna cosa específica que hable sobre el tema energético, pero sin duda habría implicaciones.

Tendrá que haber discusión en lo que tiene que ver con las medidas que se tienen que tomar para que las cabeceras de cuenca aseguren la producción de agua en el largo plazo. Ahí hay una discusión de cómo combinamos actividades que ocurren en la cabecera (minería, agricultura) con las necesidades de los generadores de energía que requieren cierta predictibilidad respecto de cuánta agua van a tener disponible.

BNamericas: Ha habido negociaciones para transferir la certificación ambiental a la agencia nacional Senace, que se haría cargo de la evaluación de los estudios de impacto ambiental.

Quijandría: [La transferencia de la certificación ambiental al Senace] es un proyecto que está en este momento en discusión en el Congreso. Hay un proceso de discusión respecto de crear esta institución, que tendría un enfoque específico en lo que son proyectos de categoría 3, aquellos de la mayor escala, con afectación en más de una región del país en función de la división política.

¿Qué implica esto? La responsabilidad sobre la evaluación de impacto ambiental previa de estos estudios pasa a este nuevo organismo, que no es una unidad dentro del Ministerio del Ambiente. Sí está asociado al Ministerio del Ambiente, presidido por el ministro, pero tiene un consejo directivo mixto donde están presentes también los ministros a cargo de los sectores productivos.