Contratos de utilidad compartida: "Un dolor de cabeza para los inversionistas"

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Viernes 13 de septiembre, 2013

El mes pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México señaló que a la nación le esperaba un complicado 2013, por lo que redujo la proyección de crecimiento del PIB a tan solo 1,8%.

Dada la erosión de la economía, las diversas propuestas de reforma del presidente Enrique Peña Nieto, principalmente en energía e impuestos, son cuanto más importantes. La Secretaría de Energía (Sener) está optimista por el efecto estimulante que genere la reforma energética del mandatario e indica que el sector sumaría 1% al crecimiento del PIB anualmente después de la reforma.

Sin embargo, queda por saber si Peña Nieto diseñó el plan correcto para terminar con el monopolio de la petrolera nacional Pemex y atraer grandes sumas de inversión extranjera en energía.

BNamericas conversó con Miriam Grunstein, abogada especialista en energía del estudio jurídico Chadbourne & Parke y profesora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de Ciudad de México acerca de su postura sobre la propuesta de Peña Nieto.

BNamericas: Escribió un libro acerca de los contratos de producción de petróleo en el mundo. ¿Cuál es la validez de los contratos de utilidad compartida a nivel internacional?

Grunstein: Vea cuántos países los tienen y con eso conteste su pregunta. Son lentos, están extintos y no tienen ningún atractivo comercial. ¿Por qué? Porque se tiene que formar algún tipo de sociedad con el Estado, con lo cual puede ser conveniente o inconveniente, especialmente si prefiere tener independencia en sus decisiones gerenciales.

En segundo lugar, colocar las utilidades después de los costos es complicado. Después se entra en un debate contable de qué es una utilidad y qué es una pérdida, cuáles costos se pueden acreditar y después cómo pagar la utilidad. Otra vez se entra en un debate contable sobre qué es una utilidad y qué es un dividendo y después, si quiere crudo, lo tiene que comprar al monopolio del Estado, que mantiene una exclusividad de venta. Es un dolor de cabeza para los inversionistas.

BNamericas: Si los contratos de utilidad compartida no funcionan bien, entonces, ¿cuál es la lógica del presidente?

Grunstein: Es una cuestión más bien de carácter político. Quieren mantener el monopolio sobre la venta de crudo porque se supone que con eso mantienen el control sobre la industria. Pero acaba en un súper contrato de servicio. ¡Otra vez! [un contrato de servicios]. Entonces, no se tienen los suficientes incentivos para crear un mercado de contratos que aliente la presencia de empresas más grandes.

BNamericas: ¿Cree que Peña Nieto solo permitirá contratos de utilidad compartida, como ha dicho, o autorizará también contratos de producción compartida?

Grunstein: ¡No tengo idea! [Risas] Ojalá lo supiera. Yo creo que la reforma constitucional no  estringe este tipo de contrato, porque eso sería un desperdicio de reforma constitucional. Creo que la intención del Ejecutivo es dejarlo abierto para haya campo de maniobra en las leyes secundarias, se lo puedo garantizar.

BNamericas: Aunque no hay mucho detalle sobre esto, ¿qué opina sobre las propuestas de cambio para los segmentos midstream y downstream?

Grunstein: Es imposible saber esto en este momento. Solo puedo decir algo: que si no liberalizan la producción, nadie va a tener incentivos para refinar o comercializar en México. No salen los números.

Tendría que permitirle a los privados comprar las refinerías de Pemex casi a precio de desecho. Ellos las reconfigurarían a las mejores practicas de la industria y sacarían un buen valor de las refinerías.

BNamericas: Pero en las palabras del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, no venderán 'ni un tornillo' de Pemex bajo la reforma.

Grunstein: Así es, dicen que no van a vender ni un fierro de Pemex, pero, entonces, si [privados] van a construir refinerías en México, tendría que darles derecho a mucha producción.

BNamericas: ¿Que le parece la propuesta de Peña Nieto en lo que dice, o mejor dicho lo que no dice, en términos de regulación?

Grunstein: No dice absolutamente nada. A mi juicio, el texto constitucional no tiene que decirlo. A mi me parece que la regulación del sector puede ir perfectamente en las leyes secundarias.

BNamericas: ¿No es necesario entonces crear un regulador constitucional autónomo?

Grunstein: No. Eso se puso de moda y me parece una estupidez, porque inflexibiliza mucho la regulación. La autonomía constitucional se está proponiendo como un remedio a la ineficacia de los órganos reguladores. La constitucionalización no remedia la eficacia de un órgano regulador.