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Introducción

La crisis financiera de carácter cambiario que se manifestó con fuerza en Argentina desde finales de abril y principios de mayo de este año dejó nuevamente en evidencia lo que los gobiernos de las últimas dos décadas no han podido resolver: una situación crítica a nivel estructural.

La apuesta del presidente Mauricio Macri al llegar al poder fue la de implementar la fórmula de la autorregulación del mercado, liberalización de los servicios y levantamiento de las restricciones para la entrada y salida de capitales. Todo eso, utilizando el argumento de la necesidad de reinsertar a Argentina en el mundo.

Las turbulencias de las últimas semanas han llevado a los analistas, de las más diversas tendencias, a coincidir mayoritariamente en la idea de que la actual administración no ha logrado -o no ha querido- mirar y abordar de manera adecuada los problemas estructurales que enfrenta el país. Por el contrario, se argumenta que las medidas "gradualistas" (como las ha llamado el oficialismo) no han hecho más que empeorar una situación ya de por sí compleja y precaria a nivel interno, entre otras cuestiones, por no hacer una adecuada lectura de la situación internacional.

Ahora que la crítica situación financiera ha obligado a reducir el gasto público, y con ello los recursos para obras públicas, la esperanza está puesta en los contratos que comenzaron a ser subastados en virtud de un ambicioso programa de asociaciones público-privadas (APP) para infraestructura de transporte, valorado en US$30.000 millones.

Las inversiones son urgentes. La red de carreteras, líneas férreas, puertos y aeropuertos del país se ha deteriorado gravemente en los últimos años por falta de inversiones. Se estima que en la década de los noventa la inversión en infraestructura alcanzó en promedio casi el 6% del PIB anual, pero luego decayó hasta niveles que no superaron el 3% en la primera década del siglo XXI.

Como resultado, Argentina se encuentra en un vergonzoso lugar 81 entre 137 países en cuanto a desarrollo de su infraestructura, muy por detrás de sus pares latinoamericanos como Chile (41), Uruguay (45), México (62) y Brasil (73). Así lo señala el Índice Global de Competitividad 2017-2018 del Foro Económico Mundial.

La participación que concitó el primer paquete de contratos APP despierta optimismo, pero las sombras que se ciernen sobre la estabilidad financiera de Argentina ponen un conjunto de puntos suspensivos sobre la continuidad de ese programa.

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