México después de la reforma: persisten dudas por función de eléctrica estatal

La eléctrica estatal mexicana, CFE, está experimentando grandes cambios estructurales mientras se prepara para su nueva función tras la reforma del sector energético nacional, señalaron los panelistas de la 4ta Electric Power Summit de BNamericas, celebrada en Ciudad de México.

Como consecuencia de la reforma energética, la compañía -hoy integrada verticalmente- está adoptando un modelo de negocios de integración horizontal. A la larga CFE tendrá empresas afiliadas dedicadas para separar actividades, cada una con su propio gobierno corporativo.

La restructuración de la empresa está estipulada en la ley de la industria eléctrica, que permite que CFE tome parte en el recién creado mercado mayorista eléctrico. Sin embargo, como ocurre con otros aspectos de la reforma, persisten ciertas dudas sobre el papel que cumplirá CFE en ese mercado.

CFE se encuentra ahora en un período de transición de seis meses, luego del cual asumirá su nueva estructura y función, según Víctor Hugo Luque, director general de supervisión y reestructuración de empresas y organismos del Estado en el sector eléctrico de la Secretaría de Energía (Sener).

La estatal quiere emparejar la cancha para que los actores privados participen y generen competencia, indicó.

La industria de generación eléctrica se liberalizará para que los privados puedan participar, ya sea individualmente o en alianza con CFE, pero cuatro de las nuevas filiales de la estatal seguirán en total control del Estado: energía nuclear, transmisión, distribución y suministro a usuarios básicos.

Además, elogió la reforma energética ya que conlleva enormes oportunidades para los privados al permitirles el ingreso a áreas del sector eléctrico antes inaccesibles, mientras paralelamente beneficia al Estado, que no está en condiciones de desembolsar las inversiones necesarias para elevar la capacidad de generación del país y ampliar la red de transmisión.

El abogado Pedro Reséndez, del estudio jurídico internacional Greenberg Traurig, identificó como potencial fuente de conflicto dentro del mercado eléctrico mayorista la propiedad de los activos, que podrían quedar en manos de un fideicomiso, una inversión conjunta, un fondo de capital privado, una empresa de riesgo compartido o una asociación público-privada (APP).

Otra duda es quién firmará los contratos para los servicios de transmisión y distribución de activos compartidos, y qué podría pasar en caso de un incumplimiento contractual que impida finalizar un proyecto de infraestructura eléctrica.

También preguntó dónde se establecerá el límite entre un servicio público y uno privado en lo que se refiere al suministro de electricidad a los 40 millones de clientes de CFE, de los cuales 5 millones son usuarios calificados.

Será necesario esperar a ver cómo se reestructura CFE, indicó Reséndez a BNamericas el jueves en el marco de la cumbre.

Agregó que, si los entes privados muestran más interés en el sector de transmisión, aquello permitirá al gobierno comenzar a preparar los contratos, las empresas mixtas y las APP una vez que se establezcan estructuras bancables y complejas similares a las de otros países.

No obstante, si se deja esto en manos del gobierno, no será tan expedito ya que necesitan del aporte del sector privado, concluyó el jurista.

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