Acuerdo entre CWC y Gobierno de Bahamas no resuelve disputa sobre propiedad de BTC

Cable & Wireless Communications (CWC) alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Bahamas para traspasar una participación económica de 2% en Bahamas Telecommunications Company (BTC) a una nueva entidad sin fines de lucro denominada BTC Foundation, dejando así a CWC y al gobierno con participaciones iguales de 49% en BTC, informó CWC en un comunicado.

Sin embargo, el acuerdo resulta ineficaz ya que la participación de 2% no tendrá derechos de voto. CWC mantendrá la mayor parte de tales derechos, así como la administración y el control del directorio, y seguirá consolidando los resultados financieros de BTC.

La operación se considera una medida para aliviar la tensión con el gobierno.

Recuperar el control de BTC, cuyo 51% se vendió a CWC en abril del 2011, era una importante promesa electoral del primer ministro bahameño, Perry Christie, quien llegó al poder en mayo del 2012.

La publicación Tribune 242 consideró el acuerdo como una maniobra del gobierno para mantener su reputación ya que nada cambiará en términos del control administrativo de BTC por parte de CWC.

Según el medio, no existen indicios de que el acuerdo con CWC implique una extensión del monopolio celular posterior a la privatización de tres años de BTC, que expira el 6 de abril del 2014, algo que según se temía podría haber sido requerido por CWC como táctica de negociación.

El periódico también especuló si el gobierno tendría que pagar una multa de US$40mn por realizar cambios en el acuerdo dentro de los tres años posteriores a la privatización, lo que formaba parte del convenio de adquisición que CWC firmó con la administración de Hubert Ingraham en el 2011.

El medio afirmó que los críticos probablemente considerarán el acuerdo como un "subterfugio" que en realidad no ha devuelto la propiedad mayoritaria al gobierno y como "una enorme pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo".

En agosto del 2012, Moody's entregó una evaluación negativa de las ambiciones de Perry al señalar que sus intenciones demostraban el errático enfoque del gobierno respecto de su participación en el sector de las telecomunicaciones y que implicaban un cambio de dirección frente a la postura anterior sobre la desinversión y la liberalización del sector.