Ecuador reglamenta fuerza mayor sobre actividades mineras

El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador reglamentó el proceso para que las concesiones mineras soliciten y usen la cláusula de fuerza mayor de sus contratos.

En un instructivo emitido por el ministro Fernando Santos se estableció que las empresas mineras que presenten la solicitud por la declaratoria de fuerza mayor o caso fortuito deberán cumplir con una de las siguientes condiciones:

• el hecho no pudo preverse
• en caso de que pudo ser previsto, definir las acciones que se tomaron para evitarlo
• que por consecuencia del acto o hecho alegado no se han podido realizar las labores mineras con normalidad
• que el acto o hecho que se alega es imposible de resistir
• que el acto o hecho alegado no sea consecuencia de actuaciones imputables a la concesionaria minera.

Una vez presentada la solicitud, el ministerio tiene 15 días para admitirla o, en caso de que no esté completa, dar a la peticionaria 10 días para aclararla o completarla.

Luego de ese plazo, la solicitud será admitida o rechazada en un plazo de 15 días.

Quienes obtengan la declaración de fuerza mayor deberán continuar cumpliendo las obligaciones legales, administrativas, económicas y ambientales, especialmente el pago de patentes anuales, la presentación de informes y los compromisos relacionados con su plan de relacionamiento comunitario, entre otros.

Mientras dure la declaratoria, se suspenderán las labores de exploración o producción, de acuerdo con la fase del proyecto, además de las inversiones mínimas y prometidas. Estas deberán evaluarse una vez se haya levantado la suspensión.

Representantes de la industria consideran que el instructivo para reglamentar la declaratoria de fuerza mayor dará más claridad a las compañías, sobre todo a las que tiene proyectos que se han visto afectados por problemas como la pandemia de COVID-19, conflictos sociales, órdenes judiciales de suspensión de proyectos o la minería ilegal.

“El instructivo constituye una muy buena medida para que, por ejemplo, cuando las concesiones son atacadas, los concesionarios puedan suspender los trabajos, pero mantener los proyectos”, dijo Andrés Ycaza, abogado de la Cámara de Minería del Ecuador, en conversación con BNamericas. "Y el Estado no se perjudica, pues las empresas deben seguir pagando las patentes y cumplir con las obligaciones ambientales, mientras el Estado le da garantías [a los concesionarios] para retomar las actividades".

El instructivo para la declaratoria de fuerza mayor se suma a otro expedido el 27 de diciembre, que reglamenta los plazos de la exploración y explotación de concesiones mineras, visto por la industria como un paso más para fortalecer la certeza jurídica en la industria.