Empresas chilenas modernizarán infraestructura hídrica en condominios sociales

Las empresas de aguas en Chile deberán ser responsables por la infraestructura hídrica de los condominios de viviendas sociales, mientras las autoridades advierten de que algunas de estas instalaciones requerirán grandes mejoras.

Si bien las compañías brindan servicios de aguas y cobran tarifas a estos condominios, la legislación vigente asigna la responsabilidad de la infraestructura hídrica a las comunidades de copropietarios.

La legislación no sirve para nada, señaló Jorge Rivas, titular del regulador de servicios hídricos SISS, a la comisión de recursos hídricos del Senado mientras se analizaban los problemas de infraestructura en condominios sociales atendidos por Esval, compañía de aguas de la Región de Valparaíso.

“Muchos de estos condominios tienen plantas elevadoras de agua potable o de aguas servidas y esas plantas no son responsabilidad de la empresa sanitaria [de aguas] según la legislación”, explicó durante una sesión de la comisión que fue transmitida en vivo. Agregó que muchas veces las comunidades de copropietarios carecen del conocimiento para administrar o monitorear estas instalaciones, por lo que no pueden atender emergencias.

Rivas indicó que aún no se ha decidido si este cambio se hará a través de una ley o una modificación reglamentaria. También señaló que se han sostenido conversaciones con compañías de aguas y el Ministerio de Vivienda.

Independientemente de la elección que se haga, el titular de SISS advirtió de que se necesitan grandes trabajos, ya que la infraestructura hídrica de estos condominios es “de bajo estándar”.

En octubre, Rivas dijo a BNamericas que el gobierno busca fortalecer la fiscalización de SISS sobre las compañías de aguas y dar a los reguladores más claridad para aplicar sanciones, aunque el proyecto de ley que lo permitiría sigue estancado en el Senado.

A partir de este año, las compañías hídricas deberán invertir para reducir el agua no facturada, que en algunas zonas llega al 30% del total, y enfrentarán sanciones si no cumplen con ciertos objetivos de inversión.

Estos objetivos, específicos para cada empresa, se establecieron luego de dos años de negociaciones entre SISS y los operadores.