Futuro de Lasso está en manos de Corte Constitucional

El futuro del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso se encuentra en manos de la Corte Constitucional de Ecuador.

En la mañana del lunes, la jueza Teresa Núquez entregó a la corte el proyecto de dictamen, que es reservado, sobre el intento de destitución de Lasso.

El presidente del organismo tiene 24 horas para convocar al pleno, el cual debe pronunciarse en 48 horas sobre el pedido de destitución. Para proceder, se requiere el voto de al menos seis de sus nueve integrantes.

Esta será la primera ocasión desde la aprobación en 2008 de la actual Constitución que la Corte Constitucional analizará una solicitud de juicio político de un presidente. 

El tribunal recibió el viernes el pedido de juicio político de la Asamblea Nacional contra Lasso, a quien los legisladores acusan de los delitos de concusión y peculado por hechos de corrupción que se habrían cometido en la coordinadora estatal Emco, la petrolera pública Petroecuador y la transportadora marítima nacional de hidrocarburos Flopec.

El pedido de juicio contra el mandatario se presentó formalmente el 16 de marzo, con 59 firmas de respaldo de legisladores del movimiento político Unión por la Esperanza, del expresidente Rafael Correa; y del derechista Partido Social Cristiano, entre otros.

La solicitud se basó en la investigación de una comisión legislativa, controlada por la oposición, que se inició después de que un medio de comunicación publicara denuncias de corrupción en empresas estatales en las que estaría implicado Danilo Carrera, cuñado de Lasso.

El experto en derecho constitucional Jorge Peñafiel dijo a BNamericas que la corte no debe pronunciarse respecto a si existe o no el delito del que se acusa a Lasso, sino que debe analizar jurídicamente si en el pedido se aplican los artículos pertinentes de la Constitución y de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional.

Varios expertos han criticado errores presuntamente cometidos por los asambleístas que realizaron la solicitud de juicio político.

Según Peñafiel, en el proceso hay errores subsanables y no subsanables y estos últimos podrían determinar que no se acepte el pedido.

Peñafiel añadió que el informe de la jueza considerará que el país se encuentra en una crisis compleja, y la posibilidad del juicio político y posible destitución del Presidente podría ahondar el caos.

El sábado, Lasso pidió a la Corte Constitucional que se detenga la solicitud de juicio.

Si el dictamen del tribunal es negativo, la petición se archivará, pero, si es favorable, la comisión de fiscalización de la Asamblea Nacional deberá analizar el pedido de juicio político para recomendar en un plazo de 30 días si procede.

En caso de que avance el proceso, Lasso no ha descartado recurrir a la “muerte cruzada”, mecanismo constitucional que lo facultaría a disolver la Asamblea Nacional para convocar anticipadamente a elecciones presidenciales y legislativas.

Mientras tanto, la confederación de nacionalidades indígenas Conaie y grupos políticos planean realizar el martes una marcha hacia la Corte Constitucional para pedir que el organismo dé paso al juicio contra Lasso.