Vorágine de corrupción pone en tela de juicio contratos de obras públicas en Argentina

El juez federal argentino Claudio Bonadio ha acusado a un total de 12 exfuncionarios públicos y empresarios vinculados a las administraciones del difunto Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa, Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), de formar parte de una asociación criminal que aceptaba sobornos a cambio de contratos de obras públicas.

La asociación criminal la encabezaban los Kirchner para "organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos", afirma Bonadio en la acusación.

El dinero lo habrían recaudado Kirchner y Fernández directamente o a través de sus secretarios privados en su residencia oficial y parte de este se distribuyó posteriormente a otros funcionarios públicos. La recolección y entrega de los las documentó el conductor de uno de los funcionarios arrestados, en lo que ahora se conoce como el escándalo de "los cuadernos de la corrupción".

Dentro de los empresarios arrestados la semana pasada figuran el propietario de Electroingeniería, Jorge Neira, el expresidente ejecutivo de Iecsa Javier Sánchez, el extitular de Enarsa Walter Fagyas y el presidente ejecutivo del grupo Albanesi, Armando Loson.

Todas estas empresas están o estuvieron involucradas en proyectos que se adjudicaron durante la administración de Fernández y algunas de las obras aún están en ejecución. Sin embargo, fuentes del Poder Ejecutivo actual, encabezadas por el presidente Mauricio Macri, señalaron al diario La Nación que habría que esperar hasta que se emitan los veredictos y se dicten las sentencias respectivas para poder tomar medidas con respecto a estos contratos.

Del gobierno afirman que solo en el sector energético, en el que participan muchas de las firmas que se encuentran en punto de mira, el escándalo de corrupción podría haber comprometido proyectos por un valor total de US$22.000mn, aunque algunos de los contratos ya se han rescindido o cancelado.

Uno de los proyectos más importantes atrapados en la línea de fuego es el complejo hidroeléctrico Cóndor Cliff-Barrancosa. En construcción desde el año pasado, esta iniciativa de US$4.700mn está siendo ejecutada por una empresa conjunta integrada por Electroingeniería y la firma china de ingeniería China Gezhouba Group Corp (CGGC).

El proyecto contempla la construcción de dos presas en el río Santa Cruz en la provincia homónima, casualmente lugar de origen de los Kirchner, cada una de las cuales alimenta una planta hidroeléctrica. La primera presa, Cóndor Cliff, tendrá 70m de altura y 1.900m de ancho, y canalizará agua a una planta de energía con una capacidad de 950MW a través de cinco turbinas.

El segundo embalse, Barrancosa, tendrá 45m de altura y 2.700m de ancho. La planta tendrá una capacidad instalada de 360MW con tres turbinas.

El proyecto también incluye una línea de transmisión de 500kV que se extenderá por 170km.

También se investiga la iniciativa para convertir la línea ferroviaria Sarmiento en una línea subterránea. En marcha desde el año 2016, Iecsa se adjudicó originalmente el proyecto de US$3.000mn en 2008, pero las obras se han visto afectadas por la controversia. En 2016, Macri emitió un decreto para asignar más fondos y permitir a Iecsa contratar a la constructora brasileña Odebrecht y otras firmas para llevar a cabo obras de construcción y proporcionar equipos.

El proyecto, que considera convertir 18km de la línea ferroviaria de Sarmiento de Buenos Aires en una línea subterránea, también ha estado bajo la mirada de las investigaciones del escándalo de sobornos de Odebrecht, y exejecutivos de la firma brasileña admitieron haber pagado coimas en relación con esta iniciativa.

Hasta marzo de 2017, Iecsa era propiedad del primo de Macri, Ángelo Calcaterra, quien, luego de la reciente ola de arrestos, decidió colaborar con la investigación junto con el extitular de la firma, Javier Sánchez.

Fuentes judiciales dijeron a Clarín que Calcaterra admitió ante el juez Bonadio que sí se hicieron pagos financieros al partido de Kirchner, FpV, en 2013 y 2015.

También se pesquisa el contrato de la planta termoeléctrica Manuel Belgrano II, adjudicada a Electroingeniería en 2014. Las obras de construcción del proyecto de US$1.000mn aún no se inician.

La planta de cogeneración termoeléctrica Arroyo Seco también está bajo sospecha. Este contrato de US$395mn se adjudicó a una filial del grupo Albanesi, Generación Mediterránea, en septiembre de 2017. Las obras se iniciaron en marzo de 2018, según el Ministerio de Energía. El proyecto implica la construcción de una planta de cogeneración termoeléctrica de 120MW en la provincia de Santa Fe.