Legisladores peruanos promueven mayor participación ciudadana en sector energético

Legisladores de Perú Libre presentaron proyectos de ley al Congreso para redoblar los esfuerzos tendientes a mejorar la interacción con las comunidades en las áreas donde se llevan a cabo actividades del sector energético.

Una iniciativa crearía el cargo de relacionista comunitario en los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente y en la petrolera nacional Petroperú y autorizaría a los gobiernos regionales y locales y otras entidades públicas a crear el puesto.

La nueva oportunidad laboral estaría abierta a profesionales de derecho, ingeniería ambiental y otras áreas afines, y preferentemente deberían ser personas de la misma comunidad.

Los autores de la propuesta legislativa destacan que “en el caso de Petroperú y las comunidades nativas que se ubican a lo largo del pase del Oleoducto Norperuano, los conflictos generados han llegado a extremos de dañar la infraestructura del mencionado oleoducto”.

“Uno de los problemas que ha detectado la Defensoría del Pueblo, respecto a ello, es la inadecuada e insuficiente comunicación entre las entidades públicas y las propias comunidades”, agregan.

La segunda propuesta declararía de interés nacional y necesidad pública la creación de una asociación de comunidades nativas para cuidar el Oleoducto Norperuano.

“La falta de atención del Estado en lo referente a salud, vivienda, trabajo y educación prácticamente ha obligado a los habitantes de las comunidades nativas a cometer actos vandálicos atacando tramos del Oleoducto Norperuano, si bien es cierto que muchas de las investigaciones realizadas por técnicos de Petroperú y [el regulador de inversiones en energía y minería] Osinergmin han reportado que las fugas son producidas por el desgaste en los oleoductos”, señalan los impulsores de este proyecto de ley.

El primer proyecto de ley está disponible aquí y el segundo en este enlace.

Según información del último informe de la Defensoría del Pueblo, el sector de minería e hidrocarburos contabilizó la mayor parte de los conflictos socioambientales en octubre.