Sectores midstream y downstream debieran adoptar mayor apertura en México

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Martes 13 de agosto, 2013

Los sectores midstream y downstream en México debieran adoptar el mayor grado de apertura con la propuesta de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, pero el éxito de la medida dependerá de leyes secundarias y terciarias.

"El espíritu de esta reforma recupera el pasado para conquistar el futuro", señaló Peña Nieto en la presentación de su propuesta, evocando al presidente que expropió el petróleo, Lázaro Cárdenas.

La finalidad de la reforma es volver al sector energético trazado por Cárdenas en 1938, cuya visión consideraba la refinación y procesamiento, el almacenamiento, el transporte y la distribución de hidrocarburos y la elaboración de petroquímicos como procesos industriales y, en consecuencia, muy distintos a la exploración y producción en lo que se refiere al papel del Estado.

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Si bien los hidrocarburos del subsuelo deberían ser propiedad del Estado, los procesos industriales tendrían que emplear mayor eficiencia e incluir participación privada, indicó Peña Nieto.

La distinción entre procesos industriales y exploración y producción se hace aún más clara con la reestructuración propuesta para la petrolera nacional Pemex. La proposición de Peña Nieto consolidaría la empresa en dos unidades: exploración y producción (la actual filial Pemex Exploración y Producción, PEP) y transformación industrial, representadas por las filiales Pemex Refinación, Pemex Petroquímica y Pemex Gas y Petroquímica Básica.

De esta manera, México se desharía finalmente de la confusa distinción entre petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios.

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, advirtió que la diferencia en la práctica no funciona porque separa procesos industriales con una distinción completamente artificial.

Mientras el presidente no se refirió en detalle a las modificaciones que se introducirían a los sectores hidrocarburíferos midstream y downstream, la propuesta despachada al Congreso deja muy en claro sus intenciones.

Todas las actividades midstream y downstream se retirarán de las funciones del Estado estipuladas en los artículos 27 y 28 de la Constitución. Estos procesos se abrirán a empresas privadas o públicas (puntualmente, Pemex) con un sistema de permisos administrado por el Gobierno Federal.

Coldwell señala que los cambios son más que nada medidas lógicas.

Como ejemplo indicó que la inversión privada en construcción de oleoductos no está permitida, pero sí lo está en el caso de los gasoductos y la red de Pemex resulta insuficiente en estos momentos.

Un aspecto incierto de la esperada apertura en los segmentos midstream y downstream es la regulación, que deberá ser clarificada mediante leyes secundarias y terciarias.

Como menciona Coldwell, el transporte de gas natural se abrió a los privados en 1997, pero la red sigue en gran medida controlada por Pemex y por la eléctrica nacional CFE, ya que ambas empresas públicas actúan como mandantes de cualquier acuerdo de suministro de gas natural.

El sistema mexicano de transporte de gas Los Ramones, cuyo costo ascenderá a casi US$3.000mn, será sacado a licitación por Pemex, no por un regulador independiente. Incluso Pemex adjudicó directamente la primera etapa del sistema a Gasoductos de Chihuahua, empresa conjunta que constituyó con Sempra Energy.

Si bien se espera que las puertas se abran a la inversión privada en actividades midstream y downstream, son necesarias entidades reguladoras fuertes que permitan poner fin al actual monopolio estatal.

Tal vez la mayor pregunta es si México tendrá una estación gasolinera que no sea de Pemex.