Reforma energética mexicana es a prueba de balas, según Credit Suisse

Mientras que la mayoría de las legislaturas estatales mexicanas acaban de aprobar el proyecto de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, la nueva ley tendrá implicaciones positivas para los activos mexicanos en el mediano plazo, según un analista de Credit Suisse domiciliado en Ciudad de México.

Además, permitir una mayor inversión privada en el sector energético del país traerá consigo un efecto positivo sobre el peso como consecuencia de los considerables flujos entrantes de capital, aseguró el investigador Alonso Cervera, que se apresuró a calmar los temores de los inversionistas ante cuestionamientos legales en el futuro.

Como la Constitución mexicana prohíbe lo que denomina 'consulta popular' en asuntos relativos a los ingresos fiscales, la reforma seguirá siendo "a prueba de balas", ya que el proyecto aprobado permite la participación del sector privado para fomentar los ingresos públicos.

"El Artículo 27 de la Constitución señala que, con el objetivo de obtener ingresos para el Estado que estimulen el desarrollo de la nación en el largo plazo, se emprenderán actividades de exploración y producción de petróleo y otros hidrocarburos [...] mediante contratos con el sector privado".

Si la participación de privados en el sector energético -como la define el Artículo 27- se vincula a la obtención de ingresos, es probable que la Corte Suprema rechace cualquier moción de los partidos de izquierda tendiente a objetar la reforma a través de una consulta popular", agregó el analista.

Cualquier controversia debería comenzar con el cambio al Artículo 35 de la Constitución para eliminar la prohibición de someter a consulta aquellos temas asociados a los ingresos públicos, agrega.

"Ello es improbable, ya que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) -los tres que se pronunciaron en favor de la propuesta- reúnen el 77% de los escaños del Senado y el 71% del Congreso, ya que la reforma constitucional requiere un quórum de al menos dos tercios de los legisladores en ambas cámaras", concluye Cervera.