Sector minero argentino a la espera de un solución que no llega
Argentina deberá realizar cambios estructurales en su legislación impositiva y monetaria para atraer a inversores internacionales interesados en desarrollar proyectos mineros en el país, en especial, en cobre y litio, dijeron a BNamericas funcionarios provinciales, empresarios y actores del sector.
Los constantes cambios en las reglas del juego que han llevado a cabo tanto el gobierno de Alberto Fernández como los anteriores han creado un clima de inseguridad jurídica tanto para las compañías que ya están trabajando en proyectos como para aquellas que han mostrado interés en ejecutar otros nuevos.
“Las empresas te comentan: ‘Acá nunca hay reglas claras. Un día te dicen una cosa, al día siguiente otra. Hoy puedes comprar dólares y mañana, no. Un día te los reciben a tanto y, al otro, no te los aceptan”, dijo a BNamericas el secretario de Minería y Energía de la provincia de Salta, Ricardo Alonso. “Puedes girar utilidades y después no. ¿Cómo pagas las cosas que importas y las que exportas? Es una sinergia de negatividades”.
El secretario de Minería e Hidrocarburos de la provincia de Jujuy, Miguel Soler, concuerda y agrega en conversación con BNamericas que, “en el fondo, lo que no tienes como país es credibilidad. El tema de la construcción y generación de confianza a largo plazo no es [tan simple como] dos más dos, cuatro”.
En el mismo sentido se expresa el exministro de Minería de la provincia de Catamarca Rodolfo Micone. “La minería se amolda a todos los sistemas políticos, pero tenemos que ayudarla. El inversor debe estar analizando o reviendo qué va a hacer. Sin las condiciones apropiadas, vamos a quedar relegados frente a otros países y proyectos dentro de las propias compañías”, señaló a BNamericas.
Los tres consultados concuerdan en que las restricciones para acceder al mercado cambiario libre y las constantes modificaciones a las retenciones sobre las exportaciones mineras son los factores más perjudiciales.
Una fuente cercana a Eramine Sudamérica, filial de la francesa Eramet que tiene prácticamente paralizado el proyecto Centenario-Ratones en Salta, se quejó de las restricciones que enfrenta la industria en Argentina.
“Si no cambian lo que tiene que ver con el acceso a las divisas, que es una cuestión sine qua non, Eramet no va a invertir porque tienen que pagar créditos que va a tomar”, dijo a BNamericas la fuente, que pidió mantener el anonimato.
La comunicación “A 7106”, que el Banco Central publicó el 15 de septiembre, generó mucha incertidumbre en el sector minero.
“Vemos con preocupación las recientes medidas cambiarias anunciadas por el Banco Central de la República Argentina, dado que, para producir y exportar, las empresas mineras primero deben necesariamente invertir y esto se dificulta si existen medidas que atentan contra la inversión directa”, señaló la cámara minera local CAEM en un comunicado.
“Si se aplican restricciones a esos pagos, las empresas entran en situación de default técnico, que se resuelve volviendo a generar endeudamiento más caro. De esta forma, las nuevas restricciones desprotegen el stock actual de inversión al eliminar opciones de financiación y dificultan la posibilidad de nuevas inversiones”, agregó.
Esto ya lo está experimenta la empresa australiana Rincon, que se encuentra readecuando el proceso de producción en su proyecto Salar de Rincón, en Salta, para atraer inversorsionistas interesados en financiar la construcción de una planta con capacidad de 10.000-20.000t de carbonato de litio.
“El gobierno dificulta conseguir gente para que invierta. Es un problema que vamos a tener en seis meses cuando tengamos el proyecto listo. Las reservas del país van a ser bajas y van a seguir habiendo dos tipos de cotización del dólar. No hay nada que motive al inversor”, dijo a BNamericas su gerente general, Alejandro Moro.
Otros de los problemas que enfrentan las empresas es el constante cambio en las reglas del juego, en especial en las retenciones a las exportaciones, con lo cual es imposible calcular los retornos que tendrán los proyectos al momento de preparar los estudios de factibilidad, durante la construcción de la mina o al empezar a producir.
El gobierno de Mauricio Macri había eliminado las retenciones al iniciar su mandato en diciembre de 2015, pero sobre el final de su gestión dio marcha atrás y colocó una alícuota de 12% (4 pesos por dólar cobrado) con el fin de reducir el déficit fiscal y acceder a un paquete de ayuda del FMI en medio de una crisis económica.
El presidente Alberto Fernández se comprometió a reducir el impacto de esta medida ni bien asumió su cargo el 10 de diciembre de 2019. Dos semanas después cumplió con lo prometido al reducir el monto a cobrar a 8%. Sin embargo, se tomó 10 meses para reglamentarla, por lo que recién entró en vigor hace una semana.
Según el texto de la nueva normativa, las exportaciones de oro y plata pagarán la tasa de 8%, mientras que las de cobre, cal y litio tributarán 3 pesos por cada divisa estadounidense que vendan al exterior.
Si bien esta medida fue bien recibida por la industria, los principales actores del sector consideran que es insuficiente.
“No sé si va a mejorar el sector con estas medidas en este contexto. En lo global, atenúa muy poco porque aún sigue el tema de las retenciones a las exportaciones y el del dólar”, agrega Micone, el exministro de Catamarca.
El problema se mantiene, ya que las exportaciones deben ser liquidadas a la cotización oficial del dólar (77 pesos), que es mucho más bajo que la tasa informal (unos 150 pesos).
Según el secretario de Minería de la nación, Alberto Hensel, las retenciones “acortan la vida útil de los proyectos haciendo que se pierda trabajo, producción, exportaciones que generan divisas y la posibilidad del Estado de seguir recaudando”.
Un exfuncionario del sector, que pidió no ser nombrado, concuerda y dice que “la presión impositiva reduce los tamaños de los proyectos y paraliza cualquier posibilidad de financiamiento. La situación económica argentina, más la pandemia, hace inviable que esto cambie”.
“Todos muestran mucha preocupación por los cambios normativos. No tienes reglas claras, [hay] inseguridad jurídica y te empiezan a mirar con desconfianza. Eso lo tenemos claro", señaló Alonso, el secretario de Salta.
“No me hables hoy de atraer inversiones, estamos tratando de que no se nos vaya ninguna empresa, conservar las que tenemos”.
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