Los años no tan dorados
La entrega de pensiones dignas en un mundo en que los jubilados representan una parte cada vez mayor de la población constituye un problema global y una situación que en los últimos meses ha sido ampliamente cubierta por los medios en Chile, donde el gobierno, los empresarios y los académicos, entre otros, han propuesto una serie de reformas.
El sistema privado de administradoras de fondos de pensiones (AFP) —introducido a comienzos de la década de 1980 bajo la dictadura y en virtud del cual los cotizantes tienen cuentas de capitalización individual y los fondos son invertidos por gestoras de activos— fue elogiado durante décadas como un modelo pionero que fue imitado de una manera u otra desde Perú hasta Polonia. Sin embargo, el sistema resultó ser completamente inadecuado, ya que cada vez son más las personas que se jubilan bajo dicho esquema solo para descubrir que sus ahorros apenas les alcanzan para una pensión miserable.
Si es posible reformar el actual sistema —que funciona a la perfección en cuanto a flujos hacia los mercados de capitales— la necesidad de aumentar el monto y duración de los aportes representa la manera más obvia. Las últimas propuestas del gobierno consideran un aumento de los aportes del 10% de los salarios al 15%, correspondiendo a los empleadores el pago del porcentaje adicional. Los cinco puntos porcentuales se dividirían entre las cuentas individuales y un fondo solidario, administrado por una especie de agencia estatal cuasi autónoma y no por las AFP.
Sería fácil adoptar un enfoque populista y afirmar que todo el monto extra debería destinarse a las cuentas individuales —como evidentemente postulan las AFP— pero un 5% adicional de salarios extendidamente bajos ni siquiera servirá para entregar una pensión básica (en especial si consideramos que muchas personas no trabajan a tiempo completo durante la totalidad de su vida laboral), en tanto que una especie de fondo solidario apunta en la dirección correcta para aliviar la futura carga al Estado. Quizá la proporción de las contribuciones adicionales destinadas al fondo podría determinarse de manera progresiva y quienes ganan más aporten más (las reformas contemplan además elevar el tope imponible de las contribuciones a las AFP).
Curiosamente, las propuestas del gobierno no incluyen extender la edad de jubilación, algo que para muchos resulta obvio. Claramente depende del tipo de trabajo que uno haga, y en el caso del trabajo físico es más complicado, pero los límites actuales de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres son anacrónicos en una época de expectativa de vida cada vez mayor. Otra posible manera de ayudar a aliviar la crisis previsional es que las personas comiencen a trabajar antes. Muchos cursos universitarios y similares en Chile duran demasiado, en beneficio de los establecimientos educacionales generalmente privados más que de los propios estudiantes, con el resultado de que quienes gozan de mayor educación a menudo inician su vida laboral hasta bien avanzados sus veinte.
Otro tema son las comisiones que cobran las AFP. Si bien han bajado modestamente en los últimos años, siguen representando un abultado 15% de los aportes y tienen que caer aún más, para que más recursos se destinen a las pensiones. El gobierno propone —muy acertadamente— que se relacionen con los retornos de las inversiones. Otra medida que sería muy bien recibida es una mayor ofensiva contra los empleadores que descuentan los aportes previsionales de los salarios y que no los depositan en los fondos, lo que constituye un robo descarado.
Si algo hay que decir del sistema de capitalización individual es que dificulta que el gobierno o los empleadores interfieran indebidamente en los fondos, pero se requieren reformas de mayor alcance. El debate en Chile se ha prolongado por años y no está del todo claro si el actual gobierno, al que le quedan menos de 12 meses de gestión, logrará implementar sus propuestas.
Pero, independientemente de si es en este gobierno o el próximo, los cambios deben ocurrir. Llegó la hora de que el país vuelva a ser pionero en reformas previsionales, pero esta vez bajo una democracia y con medidas que garanticen pensiones dignas para todos en lugar de los pagos irrisorios que tanto abundan con el sistema actual.
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