Plan de gobierno de AMLO se enfoca en corrupción y lavado de dinero

Por
Miércoles 22 de noviembre, 2017

Con las elecciones mexicanas de julio de 2018 acercándose, el candidato izquierdista Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó un documento de 415 páginas con sus objetivos de política en caso de ser elegido.

Ahora en su tercer intento por la presidencia, AMLO (en la foto) ha adoptado una plataforma que busca anular muchas de las frecuentes críticas usadas en su contra al subrayar el respeto por la autonomía del Banco Central y otras instituciones, así como por los controles gubernamentales y el cumplimiento de la ley.

Inicia tu prueba gratuita de 15 días ahora!

cta-arrow

¿Ya eres suscriptor? Por favor inicie sesión

Sobre todo, el plan de política enfatiza la necesidad de promulgar una represión inquebrantable contra la corrupción, argumentando que al limpiar la casa, el ahorro público podría permitir una expansión significativa de los programas sociales sin amenazar la salud macroeconómica de la nación o aumentar la deuda pública en particular.

Sin embargo, parte de la retórica incluida puede hacer poco para mitigar los temores de los inversionistas, incluyendo acusaciones de complicación bancaria para apoyar el lavado de dinero y el narcotráfico, convocando a un referendo público sobre reformas estructurales cruciales y ya promulgadas, así como un plan alternativo al nuevo aeropuerto internacional actualmente en construcción en Ciudad de México, por lejos el mayor proyecto de infraestructura en este momento.

LA AMENAZA DE LA CORRUPCIÓN

El plan señala que la corrupción, junto con el despilfarro y los lujos innecesarios, elimina el 30% del verdadero alcance de los recursos públicos, y menciona que su eliminación proporcionará al gobierno todo lo que necesita para revitalizar la economía del país y ayudar a salir de la pobreza.

Dejando de lado las críticas a la afirmación de AMLO de que finalmente puede librar al país de la corrupción, el candidato ha puesto su propia credibilidad como medición del éxito de su gobierno, y dado el hecho de que muchos mexicanos realmente creen que es el único político que puede lograr esta meta, el apoyo popular podría llegar lejos en la generación de resultados reales.

Por el contrario, la incapacidad de su gobierno para hacer mella en el crimen y la corrupción podría crear un trauma duradero en la psiquis política mexicana, además de obstaculizar su capacidad para llevar a cabo los otros objetivos.

LAVADO DE DINERO

Un informe gubernamental sin fecha detallado por Reuters el 4 de noviembre indica que el Estado cree que el país pierde 1,13bn de pesos (US$58.500mn) al año por el tráfico de drogas, fraude fiscal y otros delitos, todos ellos susceptibles de lavado de dinero.

El plan de gobierno de AMLO cita un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad y el centro de estudios económicos CIDE, que incluye estimaciones de tres fuentes sobre el costo de la corrupción que oscila entre el 2% del PIB (Foro Económico Mundial), el 9% (Banco Central, Banco Mundial, Forbes) y el 10% (centro de estudios económicos CEESP).

Su plan también afirma que México es el tercer mayor exportador de capital ilícito después de China y Rusia, y que exportó US$514.000mn en dichos fondos en los últimos siete años.

"Los bancos y las instituciones financieras no son las víctimas, sino los principales responsables y beneficiarios del total descontrol en materia de lavado de dinero que existe en el país", señala el documento.

El informe cita el descubrimiento de US$378mn lavados en el banco estadounidense Wachovia en fondos ilícitos del narcotráfico mexicano de 2004 a 2008, antes de su absorción en Wells Fargo, la supuesta participación del banco mexicano de inversiones Monex en las elecciones de 2012, así como los US$7.000mn blanqueados por HSBC (que se saldaron con US$1.900mn) y otras investigaciones estadounidenses de las operaciones bancarias de Walmart con México.

El plan describe las siguientes líneas de acción para resolver el problema:

  • Colaboración internacional para el combate a paraísos fiscales.
  • Endurecimiento de controles del sistema bancario sobre lavado de dinero.
  • Investigación minuciosa y cancelación de empresas fantasmas.
  • Auditoría inmobiliaria en EE.UU. de personajes mexicanos provenientes de la política y los altos negocios.
  • Ley de conflictos de intereses en materia financiera.
  • Eliminación de programas de consolidación fiscal.
  • Mayor disciplina en el combate de delitos tributarios y transparencia total en declaraciones juradas y patrimoniales.
  • Eliminación absoluta del secreto bancario, fiduciario y fiscal cuando se investiguen delitos tributarios y prácticas financieras ilícitas.
  • Aumento de los controles sobre banqueros y financieros e instauración de nuevas sanciones para los servidores públicos que colaboren con este tipo de delitos.

REFORMAS ESTRUCTURALES

Tal vez el tema más sensible que rodea a la presidencia de AMLO es la posible derogación de las reformas estructurales aprobadas principalmente en 2013 y 2014 bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto, incluidas las reformas constitucionales sobre trabajo, energía, impuestos y el sector financiero.

Las reformas, en particular la fiscal y la energética, han formado la base de la mejorada calificación crediticia de México y son elogiadas por analistas, ONG y otros funcionarios públicos por haber ayudado a la economía a sobrevivir a los choques recientes y aumentar considerablemente el potencial de crecimiento económico del país.

AMLO, figura central de la oposición durante la aprobación de las reformas, ofreció un enfoque mesurado al discutir las reformas, enfatizando que el gobierno debe cumplir con todos los contratos y las obligaciones legales asociadas a ellas. El plan, sin embargo, afirma que esas reformas enfrentarían un referendo público y que "nada ni nadie estará por encima de la voluntad soberana del pueblo".

"Acerca del destino de las llamadas reformas estructurales (laboral, educativa, fiscal, energética, entre otras), aunque nuestra postura sea revertirlas porque no benefician al pueblo, no responderemos a una imposición con otra imposición", indica el plan de AMLO.

"Se consultará a los ciudadanos si tales reformas se mantienen o se cancelan y, lo más importante, se garantizará la libre expresión de la voluntad ciudadana y se respetará la decisión de la mayoría", añade.

Llegar a un consenso del 50% puede ser insostenible, incluso si dichos referendos se llevan a cabo. Una encuesta de septiembre de GEA informó que solo el 9% considera la reforma energética —la iniciativa más vulnerable— como el peor error de la presidencia de Peña Nieto y solo el 4% considera que el paquete completo de reformas es su mayor error.

Sin embargo, esas opciones eran solo dos de las 14 posibilidades de la encuesta, y cualquier voto sobre las reformas podría venderse fácilmente como un referendo sobre la profundamente impopular presidencia de Peña Nieto.

Incluso si los referendos piden la revocación, el partido Morena de AMLO y sus aliados izquierdistas en la legislatura enfrentarían una batalla claramente cuesta arriba contra los partidos políticos tradicionales de la nación, que casi con toda seguridad se opondrían a cualquier revocación, particularmente aquellas que implican cambios constitucionales.

No obstante, la situación podría provocar disturbios y agitación política, lo que crearía un escenario que solo exacerbaría las preocupaciones actuales de los inversionistas, situación que podría empeorar considerablemente en caso de que EE.UU. abandone unilateralmente el TLCAN.

Pese a lo anterior, los inversionistas que observan la situación podrían considerar las negociaciones del TLCAN y la incapacidad del presidente estadounidense Donald Trump de revocar y reemplazar el sistema de salud de su país como reflejo de las dificultades reales para desbaratar los cambios estructurales ya establecidos, independientemente de su popularidad.