Política, sobornos y mala energía

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Martes 30 de mayo, 2017

Los inversionistas han enviado mensajes contradictorios sobre el impacto del embrollo político que atraviesa Brasil en el sector energético.

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Un día después de la divulgación de grabaciones en las cuales el presidente Michel Temer aparentemente avala el pago de sobornos para silenciar al exdiputado Eduardo Cunha, quien cumple condena en prisión, Adriano Pires, consultor de Río de Janeiro, llamó a no entrar en pánico.

Era muy temprano para predecir el efecto del escándalo en las políticas públicas, según Pires, quien señaló que las reformas favorables al mercado impulsadas por Temer no se perderán en caso de iniciarse un proceso de destitución.

Días más tarde el ministro de Minas y Energía, Fernando Coelho Filho -a quien se le adjudica el fin del monopolio de las estatales Petrobras y Eletrobras-, prestó apoyo al mandatario al descartar su renuncia.

El Partido Socialista, en el que milita Coelho, dio por terminada su alianza con el gobierno el domingo y se unió al coro opositor que pide la dimisión de Temer.

Su decisión de mantenerse en el cargo se consideró un estímulo para el movimiento de libre mercado por el que aboga.

No obstante, los paños fríos iniciales dieron paso al miedo de que la crisis en Brasilia -que comenzó el año pasado cuando Cunha encabezó la destitución de la antecesora de Temer, Dilma Rousseff- perjudique de forma irreparable a la industria energética local, que ya sufre las consecuencias del gigantesco caso de corrupción Lava Jato.

PETRÓLEO Y GAS

Se puede decir que el gran logro de Temer desde que asumió la Presidencia ha sido la eliminación de viejas trabas para invertir en hidrocarburos.

Primero promulgó una ley que levanta las restricciones a petroleras extranjeras y privadas en los vastos campos presalinos del país, lo que eximió a Petrobras de la obligación de operar bloques dentro del modelo de producción compartida.

Poco después, el Ministerio de Minas y Energía flexibilizó los requerimientos de contenido local para contratos de exploración y producción, lo que permite a las empresas adquirir equipos y servicios más baratos en el extranjero.

La modernización normativa se considera crucial para las pretensiones del gobierno de superar las consecuencias del caso Lava Jato, que sacó a la luz un amplio esquema de sobornos con participación de Petrobras y sus proveedores.

Sin embargo, existe la percepción de que se requieren pasos adicionales para que las medidas rindan frutos.

"Lo que se ha implementado se mantendrá", dijo Pires a BNamericas. "Lo que sí podría ocurrir es que ciertas políticas no avancen más, como nuevos cambios en las exigencias de contenido local o nuevas condiciones [para el presal]".

Incluso si Temer sobrevive hasta las próximas elecciones generales de octubre de 2018, hay inquietudes ante la posibilidad de que un futuro cronograma de subastas petroleras anunciado por el gobierno en marzo quede en el olvido.

Tal escenario amenazaría la inversión de millones de dólares propuesta por grandes compañías como Royal Dutch Shell, Total y Statoil, según analistas.

Del mismo modo, el tumulto político podría torpedear los planes de privatización de Petrobras y Eletrobras, que han enfrentado una férrea oposición de partidos de izquierda y sindicatos laborales.

"Con el cambio de foco de la administración hacia la crisis política, es probable que la capacidad del gobierno de seguir desarrollando e implementando las reformas necesarias para abordar el malestar económico y fiscal de Brasil se vea socavada", comentó Moody's en una nota investigativa la semana pasada.

ENERGÍA ELÉCTRICA

Una de las prioridades de Temer para el sector ha sido agilizar la privatización de seis distribuidoras eléctricas de Eletrobras luego de la venta de Celg-D a la italiana Enel en noviembre pasado.

Asimismo, se espera ofrecer a inversionistas privados participaciones en 174 empresas para fines especiales, entidades de capital mixto constituidas para construir y operar proyectos específicos de transmisión y generación.

El director general del regulador Aneel, Romeu Rufino, admitió que la incertidumbre política podría mermar el interés de los inversionistas en la subasta de concesiones hidroeléctricas programada para septiembre.

"Si me preguntan si esta subasta es atractiva, obviamente que la situación política es desfavorable", expresó Rufino.

Como si todo esto fuera poco, el sector eléctrico enfrenta una creciente sobreoferta puesto que el aumento de las precipitaciones y la peor recesión que ha vivido el país dejan dudas sobre la necesidad de llevar a cabo nuevos proyectos.

El año pasado se cancelaron dos licitaciones de capacidad de reserva que no lograron atraer interés de inversionistas.

La semana pasada el gobierno confirmó que celebrará una subasta para anular contratos eléctricos mayoristas de nuevas plantas de renovables el 31 de agosto.

Además, la actual turbulencia política podría empeorar los crónicos retrasos de obras en el segmento de transmisión del país.

El año pasado, Aneel informó que más del 60% de los trabajos de transmisión que se desarrollan en Brasil presentaban retrasos, lo que genera temores de que se multiplique el número de centrales nuevas ociosas.

La situación se ha visto agravada debido a las complicaciones que atraviesan las españolas Abengoa y Isolux Corsán, cuyas dificultades económicas han dejado una serie de proyectos locales en el limbo.

"El escenario político es muy complicado, entre otras razones por la posibilidad de que el Tribunal Superior Electoral vote por cancelar el mandato de Dilma-Temer", manifestó João Luiz Mascolo, profesor de la universidad paulista Insper.

"Y también está la interrogante: 'si Temer es débil, ¿podrá aprobar las reformas y medidas fiscales?' Eso lleva mucha incertidumbre a la economía y los inversionistas".