Política peruana menoscaba planes de Kuczynski para sector de infraestructura

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Miércoles 11 de enero, 2017

Poco después de que Pedro Pablo Kuczynski ganara las elecciones presidenciales de Perú en junio, el exbanquero y ex jefe de Gabinete prometió transformar al país en un campo de construcción.

Seis meses después, la compañía que desarrolló varios de los principales proyectos de construcción en la nación amenaza con envolver al gobierno del presidente Kuczynski en el mayor escándalo de corrupción que ha enfrentado la región en décadas, mientras sus rivales políticos afilan los dientes menoscabando los planes del mandatario de eliminar las trabas burocráticas que afectan a proyectos multimillonarios de infraestructura.

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Kuczynski se propuso acelerar US$25.000 millones (mn) en iniciativas de asociación público-privada (APP) de infraestructura, como carreteras, la Línea 2 del metro de Lima, el Gasoducto Sur Peruano, el puerto de Pisco y los aeropuertos Jorge Chávez y Chinchero.

La sensación general en la industria local era que la constructora brasileña Odebrecht —ya a cargo de la Carretera Interoceánica (IIRSA), la Línea 1 del metro de Lima, los proyectos de riego Chavimochic y Olmos y el Gasoducto Sur Peruano— encabezaría la marcha.

Sin embargo, dichos planes se truncaron cuando Odebrecht admitió haber pagado cientos de millones de dólares en sobornos, incluidos US$29mn solo en Perú para obtener contratos en toda América Latina. Se cree que el caso conocido como Lava Jato (Operación Lavado de Autos) es parte de la red de corrupción más generalizada en Latinoamérica desde la intervención por lavado de dinero del Banco Internacional de Crédito y Comercio (BCCI) a fines de la década de 1980.

Pese a que Odebrecht decidió desprenderse de activos, incluida su participación en el gasoducto y en la concesionaria vial Rutas de Lima, las investigaciones a sus negocios en Perú acaban de comenzar. Muestra de ellos es el panel, liderado por la oposición, que estableció el Congreso la semana pasada para realizar una investigación.

El rol de Kuczynski como ministro de Economía y posteriormente jefe de Gabinete durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), que adjudicó varios contratos a Odebrecht, podría exponerlo al real peligro de una destitución, tal como ha ocurrido en décadas recientes en países como Brasil, Venezuela, Ecuador y Paraguay, según el analista político Fernando Rospigliosi.

"La posibilidad de una destitución del presidente es muy real. Quizás en un lapso de seis meses a un año se produzca una crisis y se tensen las fuerzas a favor y en contra de la vacancia", dijo Rospigliosi, exministro del Interior que obligado a salir del Gabinete de Toledo por el Congreso en 2004. "La destitución de Kuczynski no significaría necesariamente el quiebre de la democracia, pero sí crearía un indeseable período de inestabilidad que no ayudaría a la recuperación económica", añadió.

JUEGOS PANAMERICANOS

Posiblemente, la mayor debilidad de Kuczynski es su falta de apoyo en los 130 miembros del Parlamento, de los cuales su movimiento Peruanos por el Kambio solo obtuvo 18 escaños.

Su encarnizada rival en las elecciones, Keiko Fujimori, a quien Kuczynski venció por una diferencia mínima histórica, controla el Congreso a través de su partido Fuerza Popular, con 73 representantes. Este grupo político liderará la investigación Lava Jato, presagio de más conflictos políticos para Kuczynski.

Fuerza Popular ya testeó las aguas el mes pasado, cuando obligó a renunciar al ministro de Educación de Kuczynski, Jaime Saavedra, en medio de acusaciones de corrupción y relacionadas a la falta de avance en la infraestructura planeada para los Juegos Panamericanos de 2019.

La inesperada salida del ministro más popular de Kuczynski, único miembro del Gabinete heredado de la administración anterior de Ollanta Humala, ha perjudicado la organización de los juegos, que ya presenta años de retraso y se encuentra en completo desorden.

"La lentitud con la cual se ha venido trabajando hasta ahora nos hace predecir que esto va seguir pasando", dijo la vicepresidenta del Congreso, Rosa Bartra. "No podemos poner en riesgo 4.500mn de soles [US$1.320mn] que podrían cerrar la brecha de infraestructura que hay ahora en educación".

LEGISLACIÓN

Al mismo tiempo, el crecimiento económico se desaceleró el 4T ante la espera de los inversionistas de una anhelada legislación diseñada para superar los obstáculos burocráticos que enfrentan proyectos de minería e infraestructura.

El impulso de la economía en 2016, estimulado por el arranque de nuevas minas y ampliaciones construidas por Freeport-McMoRan, China Minmetals, Tahoe Resources y Buenaventura, ya no puede depender de la industria minera en el contexto actual, pues las compañías han finalizado sus proyectos, según el banco de inversión Credicorp Capital.

"El sector minero tendría una menor contribución en comparación a inicios de año. La inversión pública cayó 25% en la comparación interanual hasta noviembre, lo que afectará la demanda interna", manifestó el analista de Credicorp João Ribeiro. "No habrá grandes cambios en el desempeño de la economía en el inicio del 2017 y se verá una recuperación gradual de la demanda interna que se empezará a sentir recién a partir de 2T".

El gobierno, por su parte, aprovechó las facultades legislativas especiales otorgadas por el Congreso en octubre para emitir 112 decretos en las últimas semanas. La ley apunta a reactivar y formalizar la economía; invertir más en agua potable y alcantarillado; combatir la corrupción y el crimen en las calles; y reorganizar la petrolera estatal Petroperú, de acuerdo con el jefe de Gabinete, Fernando Zavala.

Zavala debe presentarse ante el Parlamento para explicar los decretos, mientras que una comisión del Congreso tiene hasta marzo para estudiar la nueva legislación para determinar su legalidad.

Los líderes de la industria se muestran preocupados por las investigaciones políticas y judiciales que podrían ensombrecer los esfuerzos del gobierno de activar la economía, según grupos industriales como la asociación de infraestructura AFIN.

"Es necesario separar claramente las investigaciones, acciones y decisiones que se tomen respecto a casos de proyectos adjudicados donde se hallen indicios de corrupción, de la continuidad de otros proyectos destrabados y del concurso y adjudicación de nuevos proyectos de APP e iniciativas privadas", sostuvo el titular de la organización, Gonzalo Prialé.