Relaciones con la comunidad: ¿El mayor reto para las mineras en América Latina?
Las relaciones con las comunidades constituyen el mayor reto para las mineras, ya que los conflictos están trabando una serie de activos en América Latina.
La autorización para operar —y mantener a las comunidades, los gobiernos y otros interesados de parte de las mineras— encabezó la lista del informe 2019-2020 de EY sobre los principales 10 riesgos empresariales que enfrentan los sectores minero y de metales, según una encuesta a más de 250 expertos de la industria.
En el informe del año pasado, el asunto se ubicaba en séptimo lugar.
En América Latina se localiza buena parte de los puntos de conflictos sociales, incluidos Perú, Colombia y Centroamérica, mientras que nueva legislación amenaza con exacerbar los problemas en México y Brasil.
PERÚ
Los conflictos sociales han postergado grandes proyectos en este país, entre ellos el activo de oro y cobre de US$4.800mn Minas Conga, de propiedad de Newmont Mining, y la propiedad de cobre y molibdeno de US$2.500mn Río Blanco, de Zijin Mining.
El activo cuprífero de US$1.400mn Tía María, de Southern Copper, ha estado paralizado desde las protestas ambientales que surgieron en 2011.
De cara al futuro, Southern continúa solicitando un permiso de construcción para Tía María, mientras que Newmont no planea reanudar los trabajos en Minas Conga el próximo año.
En un intento por evitar más conflictos, el Gobierno peruano sostuvo negociaciones con las comunidades aledañas al proyecto Michiquillay el año pasado. Southern presentó en febrero la oferta ganadora por la futura mina de cobre, oro, plata y molibdeno de US$2.500mn.
COLOMBIA
AngloGold Ashanti suspendió el año pasado su proyecto de oro de US$2.000mn La Colosa luego de que la comunidad votara a favor de prohibir la minería por cuestiones ambientales.
El referendo se produjo tras un fallo de la Corte Constitucional que anuló la autoridad del Gobierno Central de Colombia sobre los proyectos mineros, lo que podría afectar a otros activos.
El proyecto de oro de US$1.000mn Soto Norte, propiedad de la firma estatal Minesa y respaldado por el fondo estatal Mubadala de Emiratos Árabes Unidos, también se ha topado con dificultades, luego de que la Corte Constitucional lo suspendiera por motivos ambientales en 2017.
CENTROAMÉRICA
El mayor conflicto social que vive Centroamérica es la suspensión de la mina Escobal, que Tahoe Resources tiene en Guatemala, debido a barricadas y la suspensión de la licencia, esto último por un recurso judicial que interpuso la ONG local Calas.
El Ministerio de Energía y Minas lleva a cabo una consulta con indígenas para restituir la licencia, pero los plazos siguen sin estar claros.
Una ONG local también está detrás de un recurso judicial presentado contra el proyecto Cobre Panamá, en que First Quantum Minerals invertirá US$6.300mn. Mientras la compañía continúa avanzando hacia su puesta en marcha en 2019, un fallo judicial siembra un manto de dudas sobre la mayor inversión individual del país.
Las operaciones mineras también se vieron afectadas por una ola de interrupciones en Honduras, incluida la ocupación ilegal de la mina de oro San Andrés, de Aura Minerals, medida que ya se levantó.
CHILE
Un recurso de reclamación que interpuso la agrupación indígena Aymaras de Caleta Chanavaya podría estropear la fase II de Quebrada Blanca, proyecto que Teck Resources valora en US$4.700mn.
Teck planea seguir adelante con la construcción después de firmar un acuerdo de asociación por US$1.200mn con las japonesas Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation.
En tanto, el proyecto de mineral de hierro y cobre de US$2.500mn Dominga, en manos de Andes Iron, también está retrasado después de que el servicio de evaluación ambiental de la Región de Coquimbo lo rechazara en 2017.
MÉXICO
Si bien los conflictos comunitarios no han castigado proyectos mexicanos de alto perfil en los últimos meses, esto podría cambiar bajo el gobierno del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador.
El líder del partido de izquierda Morena planifica regulaciones más estrictas para proteger a las comunidades de los impactos negativos de la minería.
El reciente proyecto de ley de una senadora de Morena que insta a despojar a las mineras de sus concesiones si estas dañan a las comunidades ha provocado inquietud en el sector y una venta masiva de acciones mineras.
AMLO también prometió consultas públicas sobre proyectos mineros, como el aurífero de US$250mn Los Cardones, que Invecture Group posee en el estado de Baja California Sur y que se ha encontrado con oposición debido a su ubicación, ya que parte de él está dentro de una reserva natural.
BRASIL
Los planes del presidente Jair Bolsonaro de abrir las áreas indígenas a la exploración podrían provocar conflictos.
El proyecto de oro Volta Grande, de Belo Sun Mining en el estado de Pará, se ha retrasado debido a la suspensión de su licencia de construcción, pero la autorización sigue siendo válida aunque está sujeta a consultas indígenas, según lo dictaminó un falló en septiembre.
PANORAMA
La licencia para operar continuará siendo un desafío importante para las mineras que operan en América Latina, en parte debido a fallas pasadas a la hora de abordar el problema.
"Es el riesgo clave que los presidentes ejecutivos y directorios discuten porque el enfoque actual no es lo suficientemente amplio, el panorama de los interesados está cambiando y las mineras necesitan adaptarse", señaló EY.
Muchos proyectos importantes continuarán paralizados en toda la región, mientras que las nuevas políticas en Brasil y México podrían detonar más impugnaciones
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