ANÁLISIS: Propuesta para reforma brasileña de telecomunicaciones

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Jueves 01 de diciembre, 2016

El Congreso de Brasil se prepara para someter a votación un proyecto de ley que busca cambiar profundamente la legislación de telecomunicaciones y BNamericas conversó con diversas fuentes para entender lo que está en juego.

La ley permitirá el fin del modelo de concesiones públicas utilizado en los últimos años para servicios de telecomunicaciones y la migración de licencias al modelo privado. Los dueños de concesiones para telefonía fija pagarían un arancel y garantizarían inversiones para ampliar los servicios de banda ancha a fin de migrar al modelo privado, que es menos estricto en cuanto a cobertura y controles de precios.

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Solo el servicio de telefonía fija se ofrece bajo el modelo de concesión en el sector brasileño de telecomunicaciones. Esto se debe a la privatización del sistema de comunicaciones del país en 1998, época en que el crecimiento de las líneas fijas y el uso de teléfonos públicos aún eran relevantes. Los dueños de concesiones son Oi (concesión nacional), TelefônicaAlgar y Sercomtel, y la mayoría de sus contratos expiran en 2025.

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Leandro Bissoli, abogado especializado en derecho digital y telecomunicaciones de la firma Patricia Peck Pinheiro, señala que el proyecto de ley fomenta las inversiones necesarias, aunque no es claro en cuanto a cómo se realizará el proceso de migración de licencias y que el modelo privado es "más adecuado" para la inversión en telecomunicaciones.

Un aspecto controversial del proyecto de ley es que anticipa la incorporación de los tenedores de concesiones de activos físicos -también conocidos como activos reversibles- a cambio de inversiones. Dichos activos, en general infraestructura de línea fija y bienes raíces, fueron heredados en la privatización de 1998 y tendrían que devolverse al Gobierno Federal al término de los contratos de concesión, lo que, por lo tanto, desincentiva las inversiones privadas para mantener y ampliar la red.

"Mientras más tardamos en resolver el tema de los activos reversibles, más se desvaloran, y mientras más se desvaloran, más afectará lo que se necesita invertir en banda ancha", dijo a BNamericas Pedro Antonio Gonçalves, asesor legal del parlamentario Daniel Vilela, autor del proyecto de ley.

Parlamentario Daniel Vilela, autor del proyecto de ley. (Fuente: Congreso).

El proyecto cuenta con el amplio respaldo del Gobierno Federal, incluido el titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones (MCTIC), Gilberto Kassab, y autoridades del regulador de telecomunicaciones Anatel, pero en especial de los operadores de telecomunicaciones, los que aseguran que la ley general de telecomunicaciones está obsoleta e inhibe las inversiones.

El proyecto es considerado decisivo para la aproblemada Oi, la mayor concesionaria de telecomunicaciones del país, con una deuda de US$19.000 millones (mn). Oi gastaría unos 380mn de reales (US$111mn) anuales solo en mantenimiento de teléfonos públicos, lo que es una obligación en virtud del modelo de concesiones públicas.

Gonçalves niega que el apuro por aprobar el proyecto de ley tenga relación con la situación de la compañía. "No hablamos con nadie de Oi cuando se propuso este proyecto de ley".

CONSUMIDORES

Entre los críticos del proyecto de ley se encuentran asociaciones de la sociedad civil, las que aseguran que el modelo privado perjudica la capacidad del gobierno para garantizar la conectividad en áreas poco atendidas o remotas, o regiones con bajo atractivo comercial.

Actualmente, debido a los estrictos objetivos de concesión, el tráfico de telecomunicaciones de casi la mitad de los municipios brasileños viaja por la red de Oi. Se necesita más competencia en el sector de telecomunicaciones y el proyecto podría estimular un monopolio, añaden los críticos.

"Existe un interés fuerte y obvio de los operadores por poner fin al régimen público. Entendemos que esto no debiera ocurrir en este momento", señaló Maria Inês Dolci, presidenta de la asociación de protección del consumidor Proteste.

Gonçalves indica que la mayoría de los servicios de telecomunicaciones -telefonía móvil, televisión pagada y banda ancha- se ofrecen en el régimen privado. En el caso de la telefonía fija, Gonçalves indica que el proyecto de ley anticipa que se mantendrá la infraestructura actual donde sea necesario.

Dolci indica que dependerá del MCTIC, y no de la Cámara Baja, defender la revisión de telecomunicaciones y establecer directrices y políticas para el sector. La ejecutiva añade que los cambios propuestos a la ley general de telecomunicaciones son insuficientes, mientras que también critica la transferencia de activos públicos a empresas privadas.

"Estos activos son suyos [de los operadores]. Cuando ocurrió la privatización, lo que se vendió fue alrededor del 20% del capital público. La amplia mayoría ya no era pública. La interpretación de que todos los activos son reversibles es contraria al mismo espíritu de la ley. ¿Cuáles serían los activos necesarios para seguir ofreciendo servicios de telefonía fija en estos días?. Estos son los verdaderos activos reversibles, no cualquier activo de banda ancha", indicó el analista de telecomunicaciones y titular de la consultora Teleco, Eduardo Tude.

Críticos del proyecto de ley también argumentan que aunque la telefonía fija podría ya no ser esencial, su infraestructura de cables de cobre aún se emplea para ofrecer internet.

Según Tude, no existe la obligación de suministrar internet desde líneas telefónicas y el uso de infraestructura de línea fija para ofrecer banda ancha está bajando. El analista enfatiza que 6.500 empresas tienen licencias del régimen privado para entregar banda ancha en Brasil. El analista declara estar totalmente a favor de la extinción del modelo de concesiones públicas para servicios de telecomunicaciones.

Todas las fuentes con las que conversó BNamericas concuerdan en que Anatel ha sido negligente porque no ha presentado un inventario de los activos reversibles y su valor, lo que ha generado incertidumbre legal.

¿QUÉ VIENE?

Aunque la reforma de Brasil no es tan profunda como la de México, aborda la legislación local de telecomunicaciones desde su raíz. También es parte de una serie de medidas para favorecer al mercado, tales como las propuestas para revisar el modelo de gobernanza de Anatel, impulsadas por la administración del presidente Michel Temer.

Tras pasar por las comisiones de la Cámara Baja, el texto fue catalogado de urgente y pasó directamente al Senado para su evaluación. El presidente del Senado, Renan Calheiros, espera someterlo a votación antes que termine el año.

En un comunicado de la semana pasada, Calheiros indicó que la agenda de fin de año del Senado tiene varios proyectos de ley que "buscan restaurar la credibilidad del país y atraer inversiones", entre los que se encuentra el nuevo marco de telecomunicaciones.

Si se toma en consideración el amplio apoyo parlamentario de Temer, se podría esperar la aprobación del proyecto.