Analista advierte sobre mecanismo de estabilización de sector eléctrico y posibles consecuencias

Mientras un proyecto de ley que establece un mecanismo de estabilización de precios de la electricidad ingresa al Congreso chileno en medio de la crisis, una analista local plantea dos cuestiones que requieren análisis más detallado y la primera es la posible repercusión sobre las empresas que desarrollan proyectos.

El mecanismo, aún en fase de borrador, cancela un controvertido aumento de precios de 9,2% entre exacerbados reclamos de elevado costo de vida en medio de las protestas y la violencia que sacuden al país.

Los precios se congelarán hasta diciembre de 2020 y 7 millones de hogares resultarán beneficiados, dijo el jueves el presidente Sebastián Piñera.

Las autoridades elevaron los precios de la electricidad en septiembre tras determinar un debilitamiento del peso chileno y el consiguiente aumento del costo de importar combustibles fósiles para alimentar las termoeléctricas del país.

El mecanismo permitiría a las generadoras acumular efectivamente un saldo de crédito, estimado por la prensa local en alrededor de US$900mn. Cuando disminuyan los costos de generación con los nuevos contratos que entrarán en vigor en 2021 y 2022, los precios que pagan los usuarios finales se mantendrán, lo que permitirá a las empresas recuperar los ingresos perdidos.

Con respecto al proyecto de ley, presentado al Congreso el jueves, Ana Lía Rojas, directora de la firma chilena de consultoría energética EnerConnex, cuestionó el alcance de la medida y su impacto potencial en las empresas que desarrollan proyectos.

Aquellos proyectos que obtuvieron contratos de suministro en licitaciones pero aún no se han construido podrían resultar más afectados por el congelamiento de las tarifas que las centrales eléctricas cuya inversión ya se ha amortizado. La mayoría corresponde a plantas renovables.

Economista con 20 años de experiencia en el campo de la energía, Rojas declaró: "Vale la pena preguntarse si es realmente equitativo congelar las tarifas de aquellos proyectos que aún no inician su operación o construcción y que deben, por tanto, enfrentar financiamiento y calificación de riesgo en comparación con aquellos activos que ya fueron construidos".

Nuevas plantas de energías renovables entrarán en operaciones —60, equivalentes a 2,26GW de capacidad instalada, se encontraban en construcción a fines de septiembre y se sumarían otras más— mientras el país se va apartando de los hidrocarburos. Quince más por un valor combinado de US$8.710mn fueron ingresadas a evaluación ambiental en septiembre.

Rojas también planteó la cuestión del alcance en el congelamiento de los precios, que abarca tanto a usuarios residenciales como comerciales.

"Este mecanismo aplica a todos los clientes regulados, cuando el mayor esfuerzo debiera concentrarse en el usuario o cliente residencial o pequeño comercial, o sea las tarifas BT1 o BT2 [dos categorías tarifarias]", puntualiza la experta, que agrega que las grandes empresas tienen más flexibilidad financiera y poder de negociación.

"¿Por qué este mecanismo debe beneficiar a un mall, por ejemplo, que tiene otra capacidad de negociación o puede incluso transformarse en cliente libre?"

En un comunicado de prensa sobre el mecanismo, el director ejecutivo de la asociación chilena de energías renovables Acera, Carlos Finat, señaló que la entidad había presdentado sugerencias durante la fase de redacción del proyecto de ley.

"Como asociación, aspiramos a seguir participando activamente en este proceso de manera de asegurar que el proyecto final sea implementable sin problemas y que no vaya a constituir algún inconveniente a posteriori".

Los miembros de la asociación chilena de pequeños y medianas generadoras, GPM, se reunirán la próxima semana para analizar el mecanismo.

Foto: Turbinas en Los Vilos, 296km al norte de la capital de Chile, Santiago. (Martin Bernetti / AFP).