Candidatos presidenciales de Perú debaten reactivación de sector de infraestructura

El sector de infraestructura en Perú muestra signos de recuperación en momentos en que el país se prepara para una segunda vuelta presidencial en junio, pero muchos proyectos de inversión están retrasados y las facciones políticas que compiten por el poder preparan propuestas para reactivarlos.

Durante el primer trimestre de 2021, la actividad del sector de la construcción experimentó un crecimiento interanual de 41,9%, según la agencia de estadística INEI.

Solo en marzo, la actividad del sector se disparó 133%, principalmente por el mayor consumo de cemento y avances físicos en proyectos de inversión, sobre todo en los que maneja el Gobierno Nacional.

Sin embargo, la actividad en los 12 meses comprendidos entre abril de 2020 y marzo de 2021 fue un 3,7% menor que los 12 meses anteriores, lo que indica que el sector de infraestructura aún se mantiene por debajo de los niveles prepandémicos.

Así lo demuestra lo que el Instituto de Desarrollo Económico y Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima denomina “proyectos inactivos”, es decir, inversiones en infraestructura de más de US$10 millones que no han alcanzado el 100% de finalización financiera o física durante el período de construcción originalmente planificado.

Bajo esos criterios hay 122 proyectos que involucran inversiones totales de US$9.000mn que pueden clasificarse como “inactivos”. Estos muestran una demora promedio de ejecución de 1,3 años y eso significa que aún no se han realizado inversiones por US$6.000mn.

Más de la mitad de estas inversiones inactivas (64 proyectos) se encuentran en el sector del transporte, donde el período de construcción se definió en un promedio de 2,4 años, pero los plazos se han superado en 1,5 años, con alrededor de US$3.500mn en inversiones aún por realizar. De estos, 45 de ellos son desarrollos viales.

El ejemplo más dramático de esto es el proyecto de rehabilitación de la vía Huarmey-Aija-Recuay (US$42mn), que se ha retrasado 12,6 años y solo se ha ejecutado el 42% de las inversiones previstas.

Iedep también detectó 20 proyectos inactivos en infraestructura sanitaria, con un retraso promedio de 2,1 años y US$896mn en inversiones pendientes.

En el caso del agua, hubo 20 proyectos de este tipo con una demora promedio de 11 meses, con cerca de US$592mn en inversiones aún por ejecutar.

PROPUESTAS POLÍTICAS

Los retrasos en la finalización de los proyectos de infraestructura han sido denunciados en todo el espectro político del país, especialmente durante el debate en torno a la próxima segunda vuelta electoral, que enfrenta a Keiko Fujimori, del partido de derecha Fuerza Popular, contra Pedro Castillo, de la coalición de izquierda Perú Libre.

El domingo, los asesores técnicos de ambos candidatos tuvieron un debate organizado por el regulador electoral JNE, donde la infraestructura fue uno de los principales temas.

Sobre la reactivación de proyectos de infraestructura, el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Carlos Bruce, quien es parte del equipo de Fuerza Popular, argumentó a favor de los acuerdos de gobierno a gobierno (G2G) para agilizar la ejecución, y manifestó que “hoy en el mundo, lo que mejor está funcionando son los contratos gobierno a gobierno permiten que venga al Perú un gerente de proyectos, llamados PMO que con toda eficiencia, transparencia y sin corrupción echa a andar estos grandes proyectos”.

La administración actual lleva a cabo proyectos de G2G por US$2.000mn junto con Reino Unido en las regiones que se vieron afectadas por las inundaciones de 2017, mientras que Francia fue elegida como socia de G2G para la Nueva Carretera Central, de US$3.000mn. También se espera que las líneas 3 y 4 del sistema de metro de Lima se realicen bajo este modelo.

Sin embargo, este formato ha sido criticado por su alto costo para el sector público.

Por el lado de Perú Libre, el economista Andrés Alencastre argumentó a favor de un enfoque descentralizado, y afirmó que en la política actual “se hace infraestructura por proyectos, no por procesos sociales que se articulan en las multimodalidades”.

También declaró que los municipios sufren de "debilidad institucional", lo que contribuye a que los proyectos no avancen, y pidió la creación de un "sistema de gestión social" para desbloquear las inversiones entre el gobierno, el sector privado y las organizaciones locales.

Alencastre no mencionó el manifiesto de su coalición, que pide revisiones de todas las concesiones de infraestructura existentes y se refiere a la agencia ProInversión como un “organismo perverso”.

Las propuestas de Castillo y Perú Libre han generado cierta incertidumbre en los mercados, dado el liderazgo del candidato en las encuestas para la votación del 6 de junio.

Sin embargo, las autoridades actuales han declarado que, independientemente de quién se convierta en presidente, es poco probable que el modelo de infraestructura actual de Perú cambie significativamente en el mediano plazo.