Cómo la nueva ley de contrataciones de Guatemala afectará las obras de infraestructura

La modificación a la ley de contrataciones públicas de Guatemala que aumenta el gasto discrecional de los municipios exacerbará los problemas actuales ligados a la normativa de construcción específica de cada localidad, señalaron expertos a BNamericas.

“No veo capacidades técnicas institucionales para impulsar grandes proyectos en los municipios del país”, dijo a BNamericas Jean-Roch Lebeau, director de Grupo Innovaterra.

Lebeau agregó que los proyectos en Ciudad de Guatemala se verán menos afectados, pero sí habrá problemas con los más grandes, en los que varias localidades deban coordinarse.

Agrega que los municipios carecen de una institucionalidad metropolitana y, por la dificultad que existe a veces para llegar a acuerdo como para acceder a financiamiento público, las obras podrían retrasarse.

Con elecciones cada cuatro años, los cambios políticos a nivel nacional o local pueden hacer que los proyectos fracasen. El cambio de prioridades de los políticos entrantes y la falta de conciencia por la continuidad conduce a un estancamiento.

Para la mayoría de las áreas ubicadas fuera de Ciudad de Guatemala, los temas financieros siguen siendo el problema más importante.

Sin embargo, “el modelo financiero que [el sistema de teleférico] Aerometro propone, en el cual las municipalidades no tienen participación financiera, únicamente concesionan permisos para explotar el espacio público comercial y publicitariamente, […] abre las puertas a las municipalidades que tienen recursos limitados para que, a través de concesiones, puedan ejecutar los proyectos”, dijo a BNamericas el director de movilidad urbana de Ciudad de Guatemala, Eddy Morataya.

Las disputas entre municipios han llevado al ministro de Infraestructura, Josué Lemus (en la foto), a reabrir una sección de la Carretera Interamericana cerca de San Lucas. El tramo, por el que pasan 250.000 vehículos diariamente, debía cerrarse durante ocho semanas para construir un paso elevado.

No obstante, las obras fueron bloqueadas por el alcalde de Mixco, Neto Bran, en una disputa de poder local. Bran ordenó realizar obras de drenaje cerca del tramo y se opone a las otras alternativas al paso elevado.

Los expertos temen que dichas medidas puedan volverse más frecuentes con el mayor gasto discrecional del que dispondrán los municipios e incluso advierten de conflictos entre municipios.

El tema se extiende a otros sectores.

La falta de una normativa y las competencias poco claras también afectan la gestión de residuos.

“Grupos de municipios podrían tener un relleno [sanitario] formal. El potencial existe, pero necesitas inversión e, incluso antes, necesitas decisiones. El problema es que los municipios no le dan suficiente atención al problema y no hay nadie que los obligue, nadie que los controle”, dijo a BNamericas César Barrientos, consultor en ciencias ambientales.

Tanto Barrientos como Lebeau coinciden en que los municipios requieren supervisión y organización nacional, pero también local para trabajar de manera eficaz, mejorar la comunicación, definir límites y evitar conflictos.

La preocupación es que, con los cambios recientes a la ley de contrataciones, habrá una mayor autonomía que se traducirá en un gasto más opaco y en problemas para la construcción de infraestructura.