Royalty minero de Chile: el estado de la legislación

El debate sobre el proyecto de ley del royalty minero, que actualmente se desarrolla en la comisión de hacienda del Senado de Chile, llegaría a su fin en 2023. 

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que habría una resolución antes que la reforma tributaria, "que se espera para abril-mayo". 

En cuanto exista consenso en la Cámara Alta, la moción parlamentaria volvería a la Cámara de Diputados a una etapa de revisión final antes de ser despachada al presidente Gabriel Boric para su promulgación.  

Se cree que el royalty podría entrar en vigor hacia 2025, en línea con la expiración de varios contratos de invariabilidad tributaria que fueron suscritos entre el Estado e inversionistas mineros extranjeros bajo el Decreto de Ley 600. 

La mayoría de estos contratos caducarán en 2023, como el caso de Candelaria de Lundin, El Abra (Freeport-McMoRan), Minera Escondida (BHP) y Cerro Colorado. Otros finalizarán entre 2027 y 2032, como Spence (BHP). 

La propuesta del Ministerio de Hacienda, enviada al Congreso en octubre, plantea un impuesto ad valorem con una tasa plana de 1% a las ventas anuales de cobre para las empresas que produzcan sobre 50.000t, siempre que el resultado del período haya sido rentable.  

Incluye además un impuesto sobre la rentabilidad operacional, con tasas de 8% a 26%, del cual se podrá descontar la depreciación.

Un tercio de lo recaudado por la futura ley, o alrededor de US$420 millones anuales, será destinado a regiones y municipios con el fin de "compensarlas por las externalidades que genera la actividad minera”, dijo Marcel en un evento de la asociación empresarial Icare esta semana.  

En tanto, dos tercios de los ingresos irían a investigación, desarrollo e innovación, al impulso de una industria del hidrógeno verde y al fortalecimiento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 

Asimismo, se otorgaría un porcentaje a la construcción de las nuevas instalaciones de la fundición Hernán Videla Lira, de propiedad de la empresa nacional Enami. La inversión de la construcción, que incorpora mejoras para procesar los minerales de la pequeña y mediana minería bajo los actuales estándares ambientales, supera los US$1.000 millones, dijo el ministro.  

Tras 17 años de vigencia y luego de haber recaudado US$1.360 millones para el Estado en 2021, el royalty cambiará el actual impuesto específico a la minería.

“Por qué hacer algo nuevo cuando tenemos un instrumento que desde 2005 se ha aplicado sin problemas por parte de todos los actores: empresas mineras, auditores, fiscalizadores del [servicio de geología y minería] Sernageomin y el Servicio de Impuestos Internos", dijo a BNamericas el secretario general de la Cámara Minera de Chile, Patricio Cartagena.

Una respuesta podría estar en el estudio de encadenamientos productivos de la minería, realizado por la agencia estatal del cobre Cochilco. 

En 2021 las mineras privadas representaron el 67% de la producción nacional, siendo el 89% de esta atribuible a capitales extranjeros. Con ello, una parte significativa de los excedentes salieron como repatriación de ganancias al exterior, indica el estudio.

A este escenario se le suma la baja carga tributaria general de Chile en comparación con otros países de la OCDE. Desde 1995 promedia 20,7% frente al 33,8% de la mayoría de sus miembros. 

En términos de la tasa de tributación efectiva por parte de las empresas mineras, Chile está en torno a 39%, incluyendo los impuestos de primera categoría, adicional y el específico a la actividad minera. La tasa se encuentra en línea con competidores mineros como Perú, Canadá, Australia y Estados Unidos, donde la carga tributaria promedia 38%, según datos del FMI, citados por la agrupación gremial Consejo Minero.  

Si bien no será aplicada a los proyectos nuevos durante cinco años, tal como quedó estipulado en el Plan Invirtamos Chile del presidente Boric, una falencia que sus detractores citan es la mirada a corto plazo "en vez de preservar la competitividad de la minería para los próximos 30 años”, dice Cartagena. 

“La promesa de recaudar más es cierta hasta 2035. Posteriormente, la tensión con la caída de la producción haría que, con las menores utilidades sostenidas en el tiempo, conlleve a que después de 2035 el efecto neto en términos de recaudación fiscal desaparezca”, dijo Juan Ignacio Guzmán, gerente general de la consultora Gestión y Economía Minera, en un reciente foro sobre la industria. 

El royalty se aplicará a más del 60% de la producción cuprífera nacional, incluyéndose todas las unidades mineras de la estatal Codelco, tales como Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales, Salvador, Andina, El Teniente y Gaby; además de las privadas Escondida, Antofagasta Minerals, Anglo American, Minera Lumina Copper, Lundin, Glencore, Teck, Freeport-McMoRan, Sierra Gorda SCM, Collahuasi y Capstone Copper.