El efecto de las elecciones y la deuda en la infraestructura de Argentina y Chile

Un informe de la calificadora Moody's destaca como posibles riesgos para el sector de la infraestructura las elecciones del 7 de mayo relacionadas con la nueva constitución de Chile y los comicios presidenciales y parlamentarios de Argentina del 22 de octubre, en las que el partido gobernante se enfrenta a una ardua batalla.

BNamericas conversa con Daniela Cuan, vicepresidenta y analista sénior de Moody's, para conocer cómo los riesgos específicos podrían afectar a las empresas en ambos países.

BNamericas: ¿Qué tan presionadas están las empresas de infraestructura de Chile y Argentina en términos de vencimientos de deuda?

Cuan: Lo que va a empezar a pasar este año en Argentina es que se van a dar vencimientos de deudas que las compañías comenzaron a reestructurar a consecuencia de las normas del Banco Central. A mediados de 2020 compañías que tenían vencimientos en dólares podían pagar el 40% de la deuda y refinanciar el 60% restante con una vida promedio de dos años.

Algunos de esos vencimientos estarían cayendo este año, y la pregunta es qué decisión va a tomar el Banco Central. Por ejemplo en agosto, septiembre u octubre de 2020 pagaste US$40 millones y refinanciaste US$60 millones a dos años, esos US$60 millones van a estar venciendo a mediados de este año. La pregunta es si el Banco Central va a dar acceso a esos dólares.

Lo que dice la norma es que el banco dé el acceso, pero las reservas están un poco presionadas. Lo que sucede en Argentina es que ninguna compañía con deuda en dólares tiene acceso a esas divisas por sí mismas y siempre tienen que recurrir al Banco Central.

En Chile, cualquier refinanciación se va a hacer a tasas más altas, y quienes tengan vencimientos en 2023 van a tener que enfrentar costos financieros más altos. También hay más volatilidad, y lo que hemos visto en el último año es que el acceso al mercado internacional fue muy restringido, con muy pocas emisiones de compañías de ese país.

Eso es en parte por condiciones de mercado, porque las tasas de interés se pusieron en un nivel al que las compañías chilenas no estaban acostumbradas. Si bien esto ha mejorado un poco recientemente, no vemos un mercado muy activo para las compañías chilenas.

BNamericas: El reporte de Moody’s mencionaba que Chile va a tener problemas para subir tarifas debido a demandas sociales ¿Cómo afecta eso a las empresas?

Cuan: En 2019, las concesionarias de autopistas acordaron no subir peajes por encima de la inflación general; sin embargo, estas tarifas siguen evolucionando de forma normal.

El caso de las tarifas eléctricas es sumamente sensible, puesto que el mercado ha estado muy volátil y ha enfrentado toda clase un aumento de precios mayor al que se esperaba, y el traspaso de esos costos de generación a las tarifas es un tema muy delicado, especialmente por lo que ocurrió con el alza de las tarifas de transporte público en 2019 [que desencadenó una revuelta social].

Las tarifas de electricidad se congelaron por un tiempo con la expectativa de que iban a entrar licitaciones con precios más bajos, pero al mismo tiempo se ha demorado mucho la aplicación de nuevas estructuras tarifarias en transmisión y distribución.

También están las demoras en la implementación del [fondo de estabilización de tarifas] PEC 2, lo que afecta a las compañías de generación, porque ven un poco presionada su liquidez.

BNamericas: ¿Cómo afecta el ciclo electoral de Argentina a las perspectivas del sector de infraestructura local?

Cuan: Las firmas argentinas que tratan con el consumidor final tienen un atraso tarifario muy significativo, siempre van corriendo por detrás. El gobierno está tratando de reducir gradualmente los subsidios, pero eso siempre impacta más en el costo de generación y no tanto el margen de distribución.

Una medida que tomó el gobierno fue, de alguna forma compensar lo que las compañías debían a [el administrador del mercado mayorista] Cammesa, con lo cual tienen un poco de menor presión. Pero ya va a ser difícil aplicar la retirada de subsidios que ya se anunció, y encima de eso que haya un nuevo un ajuste tarifario que va a afectar los bolsillos de los consumidores con los niveles de inflación que tenemos.

No veo forma que en un año electoral las distribuidoras puedan recuperar costos con estos niveles de inflación.

En el caso de las generadoras se volvieron a dolarizar las tarifas para quienes venden “energía base”, o sin contrato, a Cammesa, lo que da un cierto grado de certidumbre.

Finalmente, están las compañías de generación con contratos de generación a largo plazo, y el año electoral puede afectarlas de varias maneras. En principio estos son contratos en dólares, y siempre han sido cumplidos, aunque hay importantes demoras por parte de Cammesa, que depende de transferencias del Tesoro, y ese es un riesgo de todos los días.

BNamericas: Chile también enfrenta un año electoral relacionado con el proceso constituyente. ¿Constituye esto un riesgo para el sector de infraestructura?

Cuan: Esa posibilidad no es parte de nuestro escenario base.

Incluso con la propuesta anterior de nueva constitución no veíamos efectos considerables para las firmas de infraestructura. No hemos visto nada que cambie las reglas del juego.

Lo que si vimos en esa propuesta era un foco muy fuerte en el medio ambiente y la participación ciudadana en el proceso de evaluación ambiental. Lo que nos preocupó en ese momento es que los procesos de evaluación ambiental ya son bastante extensos, y con un énfasis en esos temas y mayor participación de las comunidades nuestra inquietud era que esos tiempos se extendieran aún más.