Giro en trámite de proyectos y tensión en cadena de pagos: ¿hay luz al final del túnel para el sector eléctrico de Chile?

La energía renovable es un importante motor de la inversión privada en Chile y es fundamental para lograr la meta nacional de llegar a cero emisiones netas para 2050.

El sector ha mostrado resiliencia en momentos en que deja de recurrirse a la generación a carbón, mientras que el hidrógeno verde, vector que requerirá mucha energía limpia para producirlo, podría fomentar la demanda. Eso sin mencionar el crecimiento de la demanda derivado de la electrificación y la expansión económica.

En este contexto, las áreas asociadas a la tramitación de permisos para proyectos y la congestión y restricciones de la red están en la agenda de la discusión público-privada. Por ello, se necesitan medidas en ámbitos como la de permisos, operación de red e infraestructura, según las generadoras, para que pueda avalarse una inversión estimada en US$30.000 millones en generación, almacenamiento y transmisión. Y eso es solo para reemplazar alrededor de 5GW de capacidad a carbón.

Con respecto a los permisos, la claridad de los procedimientos y la resolución de asuntos técnicos han cobrado preponderancia luego de un giro percibido en la forma en que el ente de evaluación ambiental SEA ha actuado bajo la actual administración.

La tramitación de permisos acaparó la atención hace poco, cuando los socios en hidrógeno verde HIF y Enel anunciaron que retiraban su parque eólico de US$500 millones Faro del Sur del sistema de evaluación ambiental bajo el argumento de que las exigencias superaban lo que se requería anteriormente. Emanuel Ibarra, titular subrogante del regulador ambiental SMA, dijo a la prensa local que no había requisitos especiales. Exautoridades han instado a fomentar un diálogo más estrecho entre el Estado y las empresas, subrayando la necesidad de apoyar la inversión en descarbonización y de proteger la imagen país de Chile.

En relación con esto, la asociación de energías renovables y almacenamiento Acera se reunió hace poco con la directora ejecutiva del SEA, Valentina Durán, nombrada en marzo cuando asumió la nueva administración, para analizar las prioridades del sector y desarrollar una agenda de trabajo conjunta.

En términos de infraestructura y operación de la red, la congestión y las restricciones están en la mira después de que María Elena Solar, unidad local de la española Solarpack, anunciara tensión en la cadena de pago en su planta de 123MW Granja Solar, seguida varios días después por otra generadora, una filial de la connacional Ibereólica. Ambas mencionaron factores fuera de su control.

Para tener una visión general de estos problemas y posibles soluciones, BNamericas entrevistó por correo electrónico a Fernando Molina, socio del bufete chileno Grupo Evans.

BNamericas: Un gestor de proyectos nos dijo que el SEA está actuando de forma distinta con esta administración. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Molina: Lo que se ha percibido es un número sustantivo de proyectos que han sido rechazados o cuya evaluación no se ha continuado por diversos motivos: termina en forma anticipada o derechamente se desisten de esta en comparación con el mismo período del gobierno anterior. 

Los datos son elocuentes. En lo que va de este gobierno se ha rechazado 28 proyectos, no se ha continuado la calificación para 39 – decisión adoptada por la administración por falta de información esencial – y se han desistido 114 proyectos. Ello comparado con el mismo período del gobierno anterior, donde se rechazaron 7 proyectos, no se calificaron 35 y se desistieron 80. 

En muchas ocasiones ello obedece a la existencia de criterios que no tuvieron la claridad suficiente o derechamente corresponde a nuevos lineamientos, lo que genera mayor incertidumbre a los diversos actores. Ello resulta particularmente importante respecto de un instrumento que es muy complejo dado el alto nivel de exposición pública y conflictividad.

Si bien este tipo de situaciones siempre ha existido, la principal diferencia es que este tipo de discusiones se resolvían en el marco del proceso de evaluación ambiental. En cambio, lo que se ha visto en la actual administración es que ello ha derivado en el rechazo, el término anticipado de la evaluación o derechamente su desistimiento, lo que se provoca cuando organismos sectoriales participan de la evaluación, como ocurrió recientemente para el parque eólico Faro del Sur, el que representaba una inversión de más de US$500 millones. 

Es esencial que la autoridad [el SEA] no solo entregue lineamientos claros respeto de los criterios que deben seguirse para la evaluación de proyectos, sino que canalice las diferencias técnicas que naturalmente se producen desde el punto de vista técnico en el marco del procedimiento, evitando dilaciones innecesarias y que generan natural inquietud en los distintos actores. 

La esperanza es que la nueva directora ha estado dando señales en este sentido, para lo cual se ha comprometido con guías y directrices que se espera que permitan avanzar en esta línea.

BNamericas: En general, hay señales de que ha aumentado la incertidumbre dentro del mundo de los gestores de proyectos, sobre todo con respecto al sistema de evaluación ambiental. Por ejemplo, durante el primer semestre hubo una disminución significativa del número de proyectos ingresados al SEA para su evaluación. ¿Hay un consenso general sobre las acciones necesarias para combatir esta incertidumbre?

Molina: Ciertamente, el modo de abordar esta incertidumbre es mediante la entrega de criterios claros para la evaluación y conducir activamente los procesos de evaluación favoreciendo la resolución natural de diferencias técnicas en el marco de la evaluación y no rechazarlas. 

En este sentido, el SEA y los organismos públicos que participan de la evaluación ambiental tienen un rol muy importante, dado que pueden dictar guías o lineamientos que permitan conocer en forma anticipada los criterios que deben seguirse. Adicionalmente, es posible desarrollar talleres y capacitaciones que permitan a los especialistas tener claridad de cómo deben abordar la evaluación de proyectos.

Sin embargo, no puede dejarse de lado que el SEA tiene un rol vital en ordenar y coordinar la evaluación. Ello supone un liderazgo que permite ordenar y uniformar los criterios a lo largo del país. Esta es una tarea compleja y requiere de una disposición proactiva, la que no siempre se aprecia.

BNamericas: Respecto a la generadora María Elena Solar y a su declaración sobre la imposibilidad de seguir cumpliendo con sus obligaciones de pago en el mercado de corto plazo, ¿qué pasó ahí?

Molina: Es el problema con los desacoples o precios distintos entre las diversas barras del sistema eléctrico nacional. Problemas de escasez de obras de transmisión hacen que en algunas barras del sistema el precio marginal ande cerca de cero en algunas horas del día y en otra barras (en la ciudad sureña de Puerto Montt, por ejemplo), los precios sean muy elevados. 

En concreto, el parque Granja Solar vende su energía a veces a precio cero; es, además, deficitaria —compra más energía que la que vende— y se ve obligada a comprar en el mercado a precio spot, el que en algunas barras supera los US$400 [por MWh].

BNamericas: ¿Cuáles son las implicancias de este anuncio y las conclusiones sobre la situación actual en el sistema eléctrico?

Molina: Es un aspecto preocupante que la autoridad debe abordar con urgencia. No solo debe establecer mayores niveles de flexibilidad para que este tipo de situaciones no se repitan, sino que hay que acelerar la materialización de líneas de transmisión, lo que corresponde a uno de los aspectos que han propiciado este escenario.

BNamericas: Desde un punto de vista legal-regulatorio, ¿cuáles serían las soluciones a corto y a largo plazo?

Molina: La solución depende en lo fundamental de que las obras de transmisión finalicen, lo que permitirá que no se ocasionen los desacoples de los costos marginales entre las diversas barras del sistema eléctrico. Ciertamente en el corto plazo, como lo han indicado diversos actores del medio, se debe hacer cargo de los costos marginales cero para las energías renovables y elevar la capacidad de transmisión, por ejemplo, mediante mecanismos de automatización del sistema. Otra política pública que ciertamente es necesaria atender es ampliar la capacidad de almacenamiento, lo que diversos proyectos están considerando.

BNamericas: En el contexto de la transición energética y la reactivación económica, pareciera muy importante que se solucionen la incertidumbre en torno al SEA y lo que ocurre con el sistema eléctrico. ¿Cree que esta es una evaluación justa de la situación actual?

Molina: Efectivamente. Como se puede apreciar, ambos elementos están vinculados. Corresponden a potenciales barreras regulatorias que deben ser abordadas para asegurar el desarrollo de las energías renovables en nuestro país. De no abordarlas en forma urgente, no será posible duplicar la generación de energía y construir al menos 3.000km de líneas de transmisión eléctrica, supuestos necesarios para cumplir con el objetivo de carbononeutralidad que se propuso Chile.

Es clave que el gobierno entregue señales potentes en el sentido de dar lineamientos claros para la evaluación ambiental y, en caso de diferencias de criterios que puedan generarse, resolverlas en el marco de la evaluación, lo que evita pérdidas de tiempo y recursos, lo que son esenciales para aprovechar de manera eficiente la tan anhelada carbononeutralidad.