Asamblea Nacional de Ecuador recibe proyecto de reforma a ley minera

La Asamblea Nacional de Ecuador recibió un proyecto de reforma a la ley minera que busca, entre otras cosas, extender las prohibiciones para el desarrollo minero en zonas consideradas delicadas y aumentar la participación de las comunidades en los empleos que generen los proyectos.

La minería ya está prohibida en áreas protegidas, pero el presidente faculta excepcionalmente la extracción de recursos, previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional. 

Las últimas propuestas reformatorias del asambleísta Salvador Quishpe, del movimiento Pachakutik, establecen que se prohibirá toda actividad minera metálica y no metálica en áreas protegidas, bosques protectores, ecosistemas frágiles, zonas de protección hídrica y áreas urbanas, con las excepciones establecidas en la Constitución.

Quishpe sostiene que uno de los objetivos del proyecto es eliminar las contradicciones de la ley vigente y garantizar así que la minería no tenga efectos en las fuentes de agua, los ecosistemas y las poblaciones indígenas.

“La Constitución, por ejemplo, reconoce los derechos de la naturaleza, los derechos del agua y los derechos colectivos de las nacionalidades indígenas. Se podría suponer que prohíbe la minería y otras actividades extractivas, pero no es así porque otros artículos permiten actividades como la minería, [la extracción de] petróleo, hidroeléctricas”, dijo Quishpe a BNamericas.

“No queremos prohibir la minería, pero no queremos esa actividad en donde están los nacimientos y fuentes de agua, en páramos, colchones de agua. Pedimos que en donde se hace minería se haga bien hecha”, agregó.

El proyecto legislativo establece el derecho al empleo preferente y formación de técnicos y profesionales de las zonas en las que haya actividad minera. Asimismo, ordena la contratación de al menos un 70% de los trabajadores que se requieran para actividades dentro de la zona de influencia de proyectos mineros, con excepción de las áreas en donde no exista mano de obra calificada.

En caso de que la actividad minera se desarrolle en territorios de comunidades indígenas, se estipula que el número de trabajadores locales no deberá ser menor de 10%, mientras que la refinación se debe realizar en Ecuador.

El Ministerio de Energía y Minas deberá definir las condiciones técnicas, ambientales y de incentivos para la instalación de plantas refinadoras.

El proyecto legislativo prohíbe además que quienes efectúen actividad minera hayan tenido cargos de elección popular, así como ministros y viceministros, y exige que los funcionarios públicos que trabajen en sectores estratégicos y tengan acceso a información privilegiada suscriban acuerdos de confidencialidad de información por un período de al menos cinco años posterior a su desvinculación.

No están disponibles los plazo para el debate y la votación de la propuesta legislativa.