Brasil recibirá comentarios sobre cobro de impuesto inmobiliario a activos concesionados

La Fiscalía General de Brasil (AGU) inició una consulta pública sobre la aplicación del impuesto inmobiliario IPTU a instalaciones vinculadas a concesiones, incluso en el segmento de infraestructura.

Por lo general, los propietarios pagan anualmente el impuesto municipal IPTU, con el que se financia el gobierno local. En teoría, el gravamen asciende al 1% del valor de la propiedad, pero en realidad suele ser de 0,5% debido a exenciones.

Las concesionarias aeroportuarias se han mostrado particularmente contrarias al impuesto, ya que los municipios pretenden cobrarlo.

"La consulta pública se basa en una demanda recibida por la cámara para la promoción de la seguridad jurídica en el entorno empresarial (Sejan) procedente de la Confederación Nacional del Transporte, pero que afecta a diversos sectores. Sejan trabaja para identificar situaciones de inseguridad jurídica y proponer soluciones para fomentar la inversión en el país", señaló la fiscalía en un comunicado.

"El punto principal del debate es si el impuesto debe ser pagado por una empresa que presta servicios públicos, incluso cuando no esté previsto este tipo de pago en los estudios de licitación o en el plan de negocios, o si la inmunidad fiscal recíproca prevista en la Constitución abarca los inmuebles que forman parte de las  concesiones y permisos de servicios públicos", consigna el texto.

La consulta permanecerá abierta hasta el 22 de mayo. Se recibirán comentarios de personas físicas y jurídicas, como agentes afectados y asociaciones que representen a municipios, estados y concesionarios de infraestructura.

Después de la consulta pública, AGU anunciará una postura oficial sobre el tema.

"Una opinión formal de AGU, al ser un organismo del Gobierno Federal, tiene el poder de servir como base legal clave para las decisiones de los tribunales locales, en el caso de que los municipios decidan acudir a los tribunales para cobrar el IPTU, que es un impuesto municipal", advirtió a BNamericas el especialista en infraestructura y project finance de Castro Barros Advogados, Paulo Dantas.

"En cualquier caso, esta discusión plantea grandes riesgos legales para las empresas, ya que si hay margen para que los municipios cobren el impuesto sobre bienes inmuebles de las terminales aeroportuarias, por ejemplo, además de otras instalaciones a las compañías que trabajan con concesiones, esto supondrá un incremento en el costo de los contratos actuales. Por no hablar de que los futuros contratos también tendrán que incluir este gasto adicional con IPTU en sus modelos económicos, lo que antes no se consideraba", afirmó Dantas.

“Las administraciones locales siempre quieren recaudar más impuestos. Si se autoriza la recaudación del IPTU en los contratos de concesión, lo que también afectará los acuerdos existentes, veremos muchos reajustes contractuales, ya que cuando se ofrecieron los contratos, no se preveía esta recaudación”, comentó el especialista en infraestructura de Sogayar e Alcântara Advogados, Alberto Sogayar, en conversación con BNamericas.

"Si se elige el camino del IPTU, lo mejor sería imponer la norma de que solo se aplique a contratos nuevos, para que los inversionistas y operadores lo incluyan en sus modelos económicos antes de pujar", añadió.