Chile alista proyecto de ley para reformar permisos

El Gobierno de Chile se prepara para presentar este año un proyecto legislativo que reformará y agilizará el trámite de permisos sectoriales, el cual recibió estatus prioritario, indicó el ministro de Economía, Nicolás Grau.

En general, la obtención de permisos para proyectos suele calificarse en Chile como un proceso lento y complejo que a veces lleva años.

Reducir los plazos y la fricción se considera vital, no solo para facilitar el flujo de inversión extranjera, sino también para ayudar indirectamente a respaldar las iniciativas nacionales y globales de descarbonización al atraer gasto en áreas como metales energéticos y combustibles sostenibles.

Entre otros trabajos que se está realizando, el Ministerio de Economía tiene una unidad especializada que monitorea los grandes proyectos de inversión, proceso que ha permitido a las autoridades identificar problemas con su trámite.

Además de la licencia ambiental emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), los desarrolladores de los proyectos requieren múltiples autorizaciones sectoriales —por ejemplo, de construcción—, de una lista de 400 gestionadas con múltiples organismos estatales.

La modernización y mejora de los permisos sectoriales se podría lograr sin afectar la calidad, aseguró Grau, quien delineó algunas claves.

“En todo este proceso en que llevamos meses como gobierno, estamos preparando una reforma estructural de los permisos sectoriales”, señaló el ministro (en la foto), quien precisó que el margen para introducir cambios en la legislación vigente era acotado.

“Hoy no existe un sistema de permisos sectoriales; es decir, existe un conjunto de más de 400 permisos… Nunca nadie ha hecho un diseño que permita encontrar un buen equilibrio entre la cantidad de permisos que hay que solicitar, el tiempo involucrado y el riesgo asociado al proyecto. Por lo tanto, hay primero un problema de proporcionalidad”.

Otros mencionan la ambigüedad en los plazos para tramitar los diferentes permisos, la ausencia de un repositorio centralizado de información y la falta de una agencia estatal asociada.

Un pilar clave del proyecto de ley es la creación de tres vías según el tipo de proyecto correspondiente y la introducción de plazos de trámite para cada permiso. Según este modelo, algunos proyectos, por ejemplo, solo necesitarían presentar una declaración de que cumplieron con ciertas condiciones o tomaron medidas, en lugar de tener que obtener un permiso.

“Vamos a ganar tiempo acá por dos razones: primero, porque muchos permisos que antes se solicitaban ahora van a ser declaraciones. Segundo, como vamos a liberar horas-persona, esas personas van a poder reasignar ese tiempo a los permisos que tengan que dar”.

También se incluyen medidas de transparencia y seguimiento de proyectos.

Clare Bowman, COO de la empresa de combustibles sintéticos HIF Global, aseguró que el proyecto de ley era bienvenido.

HIF, que fue fundada en Chile y ahora opera a nivel mundial, y su socio Enel Chile tienen planes para construir instalaciones a escala de exportación en la Región de Magallanes.

Bowman destaca las oportunidades que trae la inversión para la Región de Magallanes, para el país y para el planeta.

“Para nosotros, la clave en todo esto son los permisos”, indicó la ejecutiva. “Nosotros como empresa empezamos acá en Chile, pero ahora tenemos oficinas en todo el mundo y estamos viviendo en primera persona lo que es tener atrasos en permisos acá en Chile en comparación con lo que estamos haciendo en otras partes”, declaró.

“Toda iniciativa que se pueda hacer para acelerar eso, para nosotros es súper bienvenida”.

Un proyecto asociado, Faro del Sur, debiera ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental este año, según información que obtuvo BNamericas la semana pasada. El año pasado se retiró la solicitud original luego de una disputa por los permisos, situación que retrasó el proyecto.

HIF también construyó una planta de demostración de combustibles sintéticos en la Región de Magallanes denominada Haru Oni, y también ha anunciado planes para instalar un complejo de combustibles sintéticos en Uruguay.

Bowman añadió que HIF necesita gastar millones de dólares en ingeniería de preconstrucción y que, si los proyectos experimentan retrasos, este trabajo queda obsoleto y debe ser actualizado.

El exministro de Hacienda Ignacio Briones consideró positivo el proyecto de ley ante la urgencia y el impacto económico de una mayor inversión, pero cuestionó que no abarque también el ámbito ambiental, no solo para agilizarlo sino también para fortalecer sus procesos.

“¿Por qué no incluir en una mirada más amplia la permisología ambiental, si son parte del mismo problema?”, preguntó.

Durante un seminario organizado por la asociación empresarial local Icare, Bowman también se refirió a este aspecto y llamó a las autoridades a abordar el sistema de permisos ambientales, que es otro aspecto clave de los proyectos.

Grau añadió que había mucho por avanzar en materia ambiental en diferentes aspectos, pero precisó que los desafíos políticos eran mayores allí que en el ámbito de los permisos sectoriales. “Creo que hace sentido que esto esté dividido y además hace sentido que esa parte la lidere el Ministerio de Medio Ambiente. El ministerio avanza en esa dirección”.

La abogada Paulina Riquelme, socia de la firma legal de energía y ambiente Eelaw, indicó que los clientes agradecerían cualquier iniciativa que reduzca los plazos. También instó a las autoridades a realizar una revisión exhaustiva de la maraña legislativa asociada.

Claudio Seebach, presidente ejecutivo de la asociación Generadoras de Chile, concordó en que apoyar el flujo de inversión en energía es bueno para el bienestar del país y del planeta, y no solo de la economía.

En un informe de mayo, el Ministerio de Energía informó que se estaban evaluando 120 proyectos de generación por un total de US$15.400 millones, además de 24 proyectos de transmisión con 711km de líneas y US$774mn de inversión asoiada.

Algunos proyectos de hidrógeno verde que recibieron subsidios de la agencia estatal de desarrollo Corfo y que entrarán en servicio a fines de 2025 están planificados para sitios brownfield que ya cuentan con permisos ambientales vigentes.