Constitución ecológica de Chile podría discrepar de obligaciones internacionales

La Convención Constitucional de Chile ha evitado abordar la interrogante de si un texto más orientado hacia la protección ambiental podría generar conflictos con las obligaciones internacionales del país, según Ricardo Irarrázabal, exjefe del Servicio de Evaluación Ambiental.

Considerar “los costos de incorporar estos temas, eventuales demandas internacionales ante el [Centro Internacional de Arreglo de Diferencias] Ciadi en términos de inversión extranjera, etc. (…) no se ha hecho y tampoco creo que se ha querido hacer”, señaló Irarrázabal durante un seminario web.

La convención, encargada de redactar una nueva constitución que sustituya la creada bajo la dictadura de Pinochet, ha aprobado una serie de propuestas encaminadas a intensificar la protección ambiental, entre ellas, el establecimiento de derechos de la naturaleza, que el Estado y la sociedad tienen el deber de proteger y respetar.

Irarrázabal reconoció que es muy crítico con las propuestas ambientales que han llegado al proyecto de constitución.

“Si uno analiza lo que se ha aprobado, es experimental. [Los derechos de la naturaleza] no están en los países que están mejor rankeados en temas ambientales”, explicó, y señaló que, en el caso de Ecuador, el único otro país en el que la Constitución consagra los derechos de la naturaleza, estos son sobre todo simbólicos.

“El cambio de paradigma me parece bien, pero no tiene que pasar por los derechos de la naturaleza, sino que pasar por la protección de la naturaleza como deber del Estado”, explicó durante el webinar organizado por el centro David Rockefeller de estudios latinoamericanos de Harvard, DRCLAS.

Comentó también que el establecimiento de derechos de la naturaleza podría además crear conflictos con otros derechos, como el derecho humano al acceso al agua potable, así como otros destinados a la gestión de los recursos.

Irarrázabal dijo que prefería un modelo constitucional en el que las protecciones ambientales se distribuyan entre todos los estamentos de gobierno en lugar de utilizar los derechos de la naturaleza como línea para imponer todas las decisiones.