Costa Rica aprueba regulación sobre proyectos de APP

El gobierno de Costa Rica emitió el jueves un decreto que establece la regulación que rige los proyectos de asociaciones público-privadas (APP) para obras públicas y servicios, informó en un comunicado la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC).

El decreto que regula los contratos de APP constituye la primera lista de normas sobre la materia desde que se comenzó a implementar este tipo de alianzas en el país.

La medida define los contratos de APP como aquellos en que el gobierno involucra a un tercero -una persona jurídica o privada- y le atribuye las responsabilidades asociadas al financiamiento, desarrollo y operación de las obras públicas.

Esta lista es resultado de los esfuerzos conjuntos del Gobierno Federal, la CCC y los actores relevantes del sector, de acuerdo con un comunicado. El objetivo es mejorar la colaboración entre los sectores público y privado e impulsar las obras públicas y servicios con miras a estimular el desarrollo económico, la creación de empleos y el desarrollo de infraestructura.

El documento establece todas las normas, las directrices y los procedimientos que rigen los proyectos ejecutados bajo el modelo de APP, además de detallar los procesos de implementación y definir las responsabilidad y el papel de todos los involucrados en el financiamiento, la distribución de recursos, la propiedad de bienes y servicios, el contenido y los términos de los contratos, entre otras medidas.

"Bajo este esquema, los empresarios podrán invertir en construcción, equipamiento, operación, mantenimiento, modernización, reparación y ampliación de infraestructura nueva o existente, cuando la administración requiera que la obra se desarrolle bajo una alianza público privada", señaló el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, citado en un comunicado de la cámara.

La ceremonia de firma del decreto se realizó en las oficinas centrales de la CCC ante la presencia de representantes del sector público y privado. El documento fue aprobado por la Contraloría General y el regulador local de servicios públicos, Aresep.