Discurso del presidente de Guyana sobre las acciones del Gobierno de Venezuela

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Discurso a la Nación del Excelentísimo Señor Dr. Irfaan Ali, Presidente de la República Cooperativa de Guyana y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas sobre las acciones del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela

No había anticipado hablar contigo en una transmisión nacional tan pronto después de mi declaración del Día de Año Nuevo.

Pero ha ocurrido un hecho preocupante sobre nuestra integridad territorial que requiere que yo les hable directamente, con total transparencia, y que los mantenga plenamente informados.

Como es de su conocimiento, Guyana ha mantenido una Embajada en Venezuela acreditada ante el Gobierno.

Igualmente, hemos continuado recibiendo a una Embajada de Venezuela en Guyana acreditada ante nuestro Gobierno.

En otras palabras, Guyana ha mantenido escrupulosamente abiertos todos los canales oficiales de comunicación al Gobierno de Venezuela.

Lo hemos hecho incluso mientras perseguíamos nuestro derecho a solicitar al Secretario General de la ONU que remitiera a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la disputa de larga data con Venezuela sobre el laudo arbitral de 1899.

En ningún momento nos hemos comprometido a hacer declaraciones con respecto a los continuos comentarios incendiarios, que emanan del Gobierno y otras partes en Venezuela, excepto para continuar afirmando la soberanía e integridad territorial de nuestra nación.

Siempre hemos optado por un camino de resolución pacífica del tema venezolano dentro del derecho internacional.

Por lo tanto, es profundamente preocupante que, el 7 de enero, el presidente de Venezuela, Sr. Nicolás Maduro, emitiera un decreto reclamando la soberanía de Venezuela y los derechos soberanos exclusivos en las aguas y fondos marinos adyacentes a la costa de Guyana, al oeste del río Esequibo.

Recuerdo que la soberanía sobre esta costa, y el territorio terrestre al que está adscrita, fue otorgada a Guyana (entonces Guayana Británica) en el Laudo Arbitral de 1899, cuya validez y carácter jurídicamente vinculante confía Guyana a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). se mantendrá inequívocamente.

Lamentablemente, al decretar que los mares aledaños a este territorio pertenecen a Venezuela, se han violado al menos dos principios fundamentales del derecho internacional.

La primera violación es que ningún Estado puede determinar unilateralmente sus fronteras internacionales, ya sean fronteras terrestres o marítimas.

La fijación de una frontera internacional en virtud del derecho internacional sólo puede resultar de un acuerdo entre Estados vecinos o de una determinación vinculante de una corte o tribunal arbitral internacional.

Por lo tanto, este intento de Venezuela de intentar, unilateralmente, fijar tanto sus límites terrestres como marítimos con Guyana es una nulidad legal, que no puede ni será respetado por ningún otro Estado del mundo, incluido Guyana.

La segunda violación del derecho internacional fundamental se basa en el hecho de que, según normas bien establecidas del derecho internacional, existe un principio fundamental de que “la tierra domina el mar”.

Esto significa que la soberanía y los derechos soberanos en el mar y el fondo marino emanan del título de propiedad de la tierra que forma la costa a la que se encuentran adyacentes esos mares y fondos marinos.

Dado que Guyana es soberana sobre la costa occidental del río Esequibo, hasta Punta Playa, se deduce, en consecuencia, que solo Guyana puede disfrutar de soberanía y derechos soberanos exclusivos sobre el mar y el lecho marino adyacentes.

Este es precisamente el tema que está ante la CIJ y que, el 18 de diciembre de 2020, la CIJ decidió resolver, es decir, si Guyana o Venezuela son soberanos sobre ese territorio.

Guyana confía en que la Corte resolverá la cuestión a su favor y que esto necesariamente resolverá también la cuestión de los derechos marítimos en el mar y el lecho marino adyacentes.

Pero, según el derecho internacional, esto es lo que ahora debe decidir la Corte Internacional de Justicia.

Mientras tanto, el intento de Venezuela de reclamar para sí los mares y los fondos marinos adyacentes a la costa oeste del río Esequibo es otra nulidad legal, que no recibirá consideración legal de ningún otro Estado del mundo, incluida Guyana.

La segunda acción lamentable que tomó el presidente Maduro el 7 de enero fue rechazar la decisión de la CIJ emitida el 18 de diciembre, en ese caso se decidió que tiene competencia para conocer y pronunciarse sobre el Laudo Arbitral, dictado el 3 de octubre de 1899, incluyendo que sigue siendo válido y jurídicamente vinculante para ambos Estados.

Según el derecho internacional, la decisión de la Corte, que fue adoptada por una abrumadora mayoría de sus jueces, es definitiva y vinculante tanto para Guyana como para Venezuela.

Para ser claros, señalo las siguientes dos cosas:

Uno, ha sido durante mucho tiempo un principio fundamental del derecho internacional que una corte internacional, incluida la CIJ, tiene la competencia para determinar su propia jurisdicción, como lo hizo la CIJ el 18 de diciembre de 2020.

Dos, la Carta de las Naciones Unidas obliga a todos los Estados Miembros a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluso según lo determine la CIJ.

En este sentido, Venezuela no tiene el "derecho" de "rechazar" la decisión vinculante de la Corte.

Es más, sus asesores legales sabrían que hacerlo es un flagrante incumplimiento de sus obligaciones legales, y no será aceptado por la CIJ, Naciones Unidas o cualquier otro organismo que defienda el derecho internacional, sus normas y prácticas.

Como Presidente de Guyana, expreso la esperanza de que el gobierno venezolano reconsidere su posición y decida participar en el resto del procedimiento ante la CIJ, mientras la Corte decide sobre la validez y carácter vinculante del Laudo Arbitral de 1899 y la límite que creó.

Sin embargo, si bien expreso esa sincera esperanza, también quiero dejar claro que si Venezuela opta por boicotear los procedimientos de la CIJ, no disuadirá ni retrasará a la Corte de resolver el caso.

El reglamento de la Corte dispone expresamente que la ausencia deliberada de una de las partes no le impedirá resolver un caso.

Llamo la atención sobre otro asunto relacionado con el caso ante la CIJ.

Desafortunadamente, en un esfuerzo por desacreditar a la Corte mundial más antigua y respetada, Venezuela ha tergiversado la naturaleza de los recientes actos administrativos de la CIJ.

Dicho acto fue para invitar a las partes a reunirse con el Presidente de la Corte para conocer la opinión de las partes sobre la programación de los alegatos escritos para la fase de fondo del caso.

Ésta es una práctica estándar de la Corte.

El propósito es que las partes indiquen cuánto tiempo se requeriría para la preparación y presentación de la Memoria de Guyana y la Contramemoria de Venezuela.

Este es el único tema que se discutirá en la reunión.

Por lo tanto, es inexacto y engañoso que Venezuela afirme que la Corte ha programado una “audiencia” sobre el fondo del caso sin darle tiempo suficiente para prepararlo.

De hecho, Venezuela tendrá más de un año para preparar su caso.

Compañeros ciudadanos, he tomado nota de que un periódico de Guyana atribuyó al presidente Maduro un tuit en el que presuntamente “prometió reconquistar el Esequibo”.

La investigación realizada por las declaraciones tuiteadas por mi gobierno del presidente Maduro no corrobora la acusación en el periódico.

Por lo tanto, mi Gobierno se propone actuar únicamente sobre aquellas declaraciones oficiales, emanadas de Venezuela, que hayan sido fundamentadas.

En este sentido, hoy mismo instruí al canciller Hugh Todd para que convocara al Oficial Encargado de la Embajada de Venezuela en Georgetown a la Cancillería para expresar la profunda preocupación de Guyana por el decreto emitido el jueves pasado.

Se le ha dicho al Oficial Encargado que transmita a las autoridades venezolanas en Caracas, que, de acuerdo con el derecho internacional, y es una afirmación de su soberanía e integridad territorial, Guyana rechaza en su totalidad el decreto emitido por el presidente Maduro.

Guyana continuará por el camino de la resolución pacífica de este asunto de conformidad con el derecho internacional y la jurisdicción de la CIJ.

Instamos a nuestro vecino Venezuela a que haga lo mismo.

Mientras tanto, estamos alertando a la Comunidad Internacional, incluidos nuestros estados hermanos en la Comunidad del Caribe (CARICOM) y en las Américas del peligro para la paz y la seguridad internacionales que está siendo amenazado por el decreto de Venezuela del pasado jueves que viola los principios fundamentales de las normas internacionales. ley.

Mis conciudadanos, continuaremos con nuestro enfoque bipartidista y nacional sobre este asunto, seguros de saber que el derecho y la ley están de nuestro lado.

Tenga la seguridad de que mi Gobierno, y yo personalmente, lo mantendremos informado a medida que se produzcan nuevos avances en este asunto.

Guyana es nuestra tierra, la tierra de los guyaneses, un pueblo, unido y comprometido en nuestra devoción por ella.

Gracias por escuchar.

Dios bendiga a Guyana, Dios bendiga al pueblo de Guyana.