Ecuador declara estado de excepción ante ola de violencia

Ecuador vivió una noche de terror tras la decisión del presidente Daniel Noboa de declarar estado de excepción en todo el país luego de la violencia desatada tras la fuga del capo del narcotráfico Adolfo Macías, alias Fito, desde una cárcel de la provincia del Guayas.

Vehículos fueron incendiados en la provincia de Esmeraldas en la frontera con Colombia, un coche bomba explotó en Quito, tres policías en Machala y uno en Quito fueron secuestrados, e internos escaparon de una cárcel de Riobamba, en la región central de Ecuador, uno de los cuales podría ser Colón Pico, peligroso delincuente a quien la fiscal general, Diana Salazar, acusa de querer asesinarla.

En redes sociales circulan videos de policías retenidos en la cárcel de Turi, en el sur del país, en los que amenazan con matar a cualquiera que circule por la calle de noche y a quienes quieran ingresar al recinto carcelario.

En un video se ve a personal penitenciario de rodillas, amenazado con pistolas y machetes y obligado a pedir ayuda al presidente. En otro, un policía retenido en Quito también es obligado a pedir ayuda a punta de pistola.

La situación escaló luego del anuncio de estado de excepción con toque de queda entre las 11p.m. y las 5 a.m. y otras restricciones a los derechos ciudadanos, La Corte Constitucional recibió un paquete de 9 preguntas, que se suman a las 11 enviadas la semana pasada para realizar una consulta popular sobre el combate al crimen organizado en el país.

Entre las preguntas adicionales figura permitir la extradición al extranjero de ecuatorianos acusados de delitos transnacionales, despojar a los delincuentes de activos de origen ilícito y declarar zonas de interés nacional para combatir la minería ilegal, entre otros temas.

Los dos primeros puntos eran ampliamente reclamados por diversos sectores, particularmente las extradiciones, de modo que los capos del crimen organizado pudieran ser juzgados y sancionados fuera del país, como hizo Colombia en el pasado.

En un video difundido en redes sociales el lunes, antes de los incidentes violentos ocurridos por la noche, Noboa aseguró que la violencia es la respuesta a las acciones de su gobierno contra el narcoterrorismo, lo que demuestra que las leyes vigentes son insuficientes.

"Se acabó el tiempo en que los condenados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. No vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos", declaró el mandatario.

El mes pasado, la Fiscalía General realizó un operativo contra la corrupción y el narcotráfico que incluyó más de 75 allanamientos en 7 provincias, descrito como el más grande de la historia y “una radiografía de cómo el crimen transnacional se ha tomado las instituciones del Estado para operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad”, señaló Salazar en la plataforma X.

Denominado Metástasis, el operativo condujo al arresto de alrededor de 30 personas, entre ellas Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, organismo que supervisa el Poder Judicial en el país; y Pablo Ramírez, exzar de la droga y anterior titular de SNAI, servicio que supervisa el sistema penitenciario. También fueron detenidos fiscales, jueces, gendarmes y efectivos de la Policía.

En la ocasión, Salazar advirtió que los grupos criminales desatarían una ola de violencia como represalia.

Por su ubicación geográfica entre Colombia y Perú, los dos principales productores de cocaína del mundo, Ecuador se ha convertido en un polo internacional de narcotráfico, lo que se ha traducido en una rápida proliferación de delitos violentos.

Según datos oficiales reportados por la Policía, el país sudamericano cerró el año pasado con 7.600 muertes violentas, frente a las 4.600 de 2022 y las 2.100 de 2021.