Ecuador declara minería ilegal como amenaza para la seguridad nacional

El Gobierno ecuatoriano declaró a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad nacional y señaló que respaldará a las concesiones mineras legalmente establecidas.

La decisión se adoptó luego de identificar que dicha actividad tiene vínculos directos con otros delitos como el lavado de activos, el narcotráfico y el tráfico de armas, dijo en una conferencia el secretario de seguridad, Diego Ordóñez.

Según el funcionario, los mayores problemas se dan en las provincias amazónicas de Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Sucumbíos; en las provincias costeras de Esmeraldas y El Oro; y en las provincias de Loja y Azuay, en la zona sur del país.

Ordóñez añadió que entre otras acciones, el gobierno prevé emitir un decreto ejecutivo para un reordenamiento normativo que buscará establecer registros, controles y supervisión estatal en relación con actividades que coadyuvan a la minería ilegal. 

También se revisará el esquema de sanciones y la participación de la Policía y las Fuerzas Armadas en operativos de control y para que actúen cuando existan impedimentos para que las empresas mineras puedan realizar sus actividades.

Ecuador tiene solo dos minas a gran escala en producción, la de oro, Fruta del Norte; y la de cobre, Mirador, pero hay una serie de proyectos que debieran entrar en producción en la próxima década, así como varias minas de pequeña minería.

En los últimos años, la actividad ilegal se ha ido extendiendo en el país, e incluso ha afectado a concesiones que han sufrido ataques y quema de campamentos, y a parques naturales, protegidos por la legislación.

Adicionalmente, la actividad minera enfrenta una fuerte oposición de grupos indígenas y activistas.