Exigen a Brasil una mayor supervisión del sector de saneamiento

El tribunal brasileño de cuentas, TCU, identificó signos de inoperancia en organismos públicos y exigió un mejor seguimiento de las directrices impuestas por el nuevo marco legal para el sector de saneamiento.

Si bien el TCU considera que el trabajo de monitoreo tanto del regulador de aguas, ANA, como del Ministerio de Desarrollo Regional es "satisfactorio", resaltó problemas en otros departamentos.

Según el tribunal, el comité interministerial de saneamiento básico (CISB) —formado por los ministerios de Desarrollo Regional, Economía, Medio Ambiente y Turismo— ha tenido un desempeño deficiente.

El TCU indica que se ha incumplido el decreto de creación del comité, que exige al menos dos reuniones anuales para analizar las medidas adoptadas en el sector de saneamiento. Desde la creación del CISB, solo ha habido una reunión para debatir el estado del sector.

Por lo tanto, la falta de compromiso del CISB podría socavar la implementación del nuevo marco legal del saneamiento básico, según el TCU.

El sector de saneamiento ha experimentado una gran transformación desde que un reglamento aprobado por el Congreso a mediados de 2020 facilitó la entrada de empresas privadas al área, la cual estaba dominada por empresas estatales.

Los cambios regulatorios se produjeron en medio de los esfuerzos del gobierno por ampliar la cobertura de saneamiento en todo Brasil, dado que cerca de la mitad de la población no cuenta con servicios adecuados de agua potable y alcantarillado.

De acuerdo con estimaciones del gobierno, el sector de saneamiento requiere inversiones por cerca de 750.000 millones de reales (US$144.000 millones) para garantizar los servicios a toda la población para 2033, pero el Gobierno Federal debe fiscalizar de cerca la implementación de estas inversiones a fin de adoptar medidas correctivas cuando sea necesario.