Expertos aún están divididos sobre red compartida de México

A medida que se acerca la subasta de la banda de 700MHz para crear una red estatal compartida de telecomunicaciones en México, expertos de la academia y del sector privado aún no están convencidos de que el proyecto sea económicamente viable.

En una reciente mesa redonda sobre el proyecto organizada por la Academia de Ingenieros de México, críticos señalaron que las autoridades no habían respondido en forma satisfactoria a muchas de sus preguntas.

La idea de la red compartida es crear una gestionada por un tercero que vendería servicios de telecomunicaciones principalmente a nuevos actores en el mercado, como OMV, y aumentar la cobertura nacional de los servicios de banda ancha.

La iniciativa se incluyó en la reforma de telecomunicaciones de 2014 y, como ahora es parte de la Constitución, ese compromiso es difícil de deshacer.

Aunque bien intencionado, a medida que avanza el tiempo surgen más dudas sobre el proyecto de US$8.000 millones que no tiene precedentes en América Latina.

El panelista Miguel Calderón, vicepresidente de estrategia y regulación de Telefónica México, cuestionó la interoperabilidad de la red compartida dado que millones de usuarios mexicanos viven en áreas sin cobertura para banda ancha 4G.

Una de las principales preocupaciones es cómo el proyecto será rentable si venderá principalmente a OMV que en la actualidad solo representan el 0,8% del mercado móvil.

Gerardo Soria Gutiérrez, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, cuestionó la logística de que el gobierno participe otra vez en las telecomunicaciones cuando el mundo camina en dirección opuesta. El ejecutivo también destacó que el operador de la red compartida obtendría 90MHz en la valiosa banda de 700MHz por una suma mucho más baja de la que la mayoría de los operadores pagó por mucho menos espectro.

El parlamentario Javier Lozano Alarcón, presidente de la comisión de comunicaciones y transportes del Senado, fue más lejos y tildó al proyecto de un potencial "elefante blanco".

En opinión de Lozano Alarcón, el hecho de que exista un mandato legal que respalde el proyecto no lo convierte en una buena idea. La idea de las reformas estructurales es alejar los activos del Estado para que privados puedan operarlos. La red compartida, una asociación público-privada, contradice por completo este principio, señaló.

Entre sus partidarios, Raúl Ortega Ibarra, asesor y director de relaciones gubernamentales de Alestra, destacó la necesidad de la red compartida en la revolución digital.

El ejecutivo indicó que la conexión a banda ancha móvil con condiciones competitivas es algo que el país no ha logrado en 30 años y es exactamente lo que la red compartida propone.

Ortega precisó que el proyecto impulsaría el ecosistema digital, lo que ayudaría a México a pasar de ser un consumidor a un desarrollador de tecnología.

La propuesta ha sufrido continuos contratiempos. El mes pasado, la subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe, postergó las fechas para el proyecto, e indicó que la decisión de Gran Bretaña de dejar la Unión Europea había ahuyentado a inversionistas y que sería mejor darles más tiempo.

Por otro lado, inversionistas potenciales verían el plan como demasiado riesgoso y que habría llevado a costos más altos y menor cobertura de la red, indicó Aspe.

La fecha para que el regulador de telecomunicaciones IFT entregue un informe sobre el actual ambiente competitivo se postergó del 1 de agosto al 12 de septiembre.

El plazo para presentar ofertas ahora vence el 20 de octubre, en lugar del 8 de septiembre, y el contrato se adjudicaría el 17 de noviembre, y no el 28 de septiembre. La fecha para suscribir el contrato se cambio al 27 de enero de 2017 y las operaciones debieran comenzar en marzo de 2018.