Grupos ecuatorianos pretenden intensificar lucha contra la minería

Pueblos indígenas ecuatorianos y grupos antimineros intensifican sus amenazas de paralizar la actividad con medidas de hecho progresivas y fortalecer las denominadas guardias comunitarias en los territorios en los que se asientan proyectos.

“Luego de un intenso debate, hemos decidido preparar la defensa territorial con medidas de hecho en cada territorio en el que tienen presencia las mineras, que serán progresivas, y en espacios sujetos a militarización y explotación minera a gran escala”, dijo el presidente de la confederación de nacionalidades indígenas Conaie, Leonidas Iza, tras una asamblea de más de 6 horas que mantuvo el 12 de enero con sus bases y el denominado movimiento nacional antiminero.

El pronunciamiento de Iza se dio a casi tres semanas de las elecciones regionales que realizarán el país el 5 de febrero, y en el que Pachakutik, el brazo político de la Conaie, participará con candidatos propios en varias jurisdicciones, en las que hay proyectos mineros.

“Parece que el sector minero es la pelota de tenis entre el gobierno y el sector indígena que quiere demostrar que manda en los territorios mineros. Es una movida eminentemente electoral; buscan presencia en las zonas donde Pachakutik es fuerte", señaló Andrés Ycaza, abogado de la Cámara de Minería de Ecuador, en conversación con BNamericas. 

"Es prioritario que se efectivicen las zonas de seguridad de las que ha hablado el Gobierno para proteger los proyectos”, añadió. 

El mes pasado, el secretario de inversiones público privadas, Roberto Salas, explicó a BNamericas que Ecuador está preparando un programa de seguridad con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía para declarar zonas de seguridad a varios activos mineros, que se preparan para la fase de construcción, y cuyos campamentos han sufrido ataques, invasiones o bloqueos de vías de acceso.

Iza añadió que frenarán el avance de campamentos y maquinaria no solo en territorios con presencia indígena sino en todo el país, y que realizarán un mapeo de los impactos socioambientales, jurídicos y de violaciones a derechos en la actividad minera para con ello acudir a instancias legales.

El líder de Conaie demandó que el mecanismo de consulta previa que debe efectuarse en las comunidades en donde se asientan proyectos mineros tenga carácter de vinculante.

“No hay lugar en el mundo en el que la consulta previa sea vinculante. Eso es imposible; la propia Constitución dice claramente que si las comunidades y el Estado no llegan a un acuerdo en un proyecto de desarrollo, el Estado lo manejará de acuerdo a la ley; no dice que las comunidades tendrán el derecho de veto”, comentó a BNamericas el exviceministro de Minas Fernando Benalcázar.

Añadió que el gobierno, a través de sus entidades competentes, deberá mantenerse firme y defender el uso adecuado de los recursos minerales, respetando al entorno y a las comunidades, para beneficio de la mayoría de ecuatorianos, pues “Ecuador no vive una autocracia como quiere imponer un dirigente indígena”.

La mina de cobre Mirador, operada por EcuaCorriente, y la de oro Fruta del Norte, de Lundin Gold, son las únicas grandes operaciones mineras del país, pero inversiones combinadas por unos US$11.000 millones podrían dar lugar a nuevos activos en el corto plazo.

El año pasado la actividad minera, incluida la pequeña minería, generó alrededor de US$600 millones en impuestos y se estima que las exportaciones bordearon US$2.800 millones, de acuerdo con cifras del Ministerio de Energía y Minas.

La importancia de la industria significa que frenar la actividad minera es atentar contra todo el país, destacó Benalcázar.

Inty Arcos, del Frente Nacional Antiminero, comentó a BNamericas que las acciones anunciadas por Iza se realizarán en cada territorio y citó como ejemplo el Chocó Andino, en donde los activistas buscan realizar una consulta popular para frenar la minería en esa área rica en biodiversidad.

Arcos manifestó que aún se evalúa si se llama a una paralización nacional, pero que por el momento se hará monitoreo en cada región en donde existan proyectos mineros.

En junio del año pasado, Iza lideró una paralización de 18 días contra el gobierno de Lasso, que costó al país, según datos oficiales, pérdidas por unos US$1.000 millones y ralentizó algunos proyectos mineros.

Para poner fin las protestas, la actual administración se comprometió, entre otros puntos, a no entregar nuevas concesiones mineras mientras no se cuente con una ley de consulta previa en territorios indígenas; también acordó crear un comité técnico para revisar la propuesta de consulta ambiental, y a no efectuar actividades mineras en áreas protegidas, territorios ancestrales, en zonas intangibles y arqueológicas y en áreas de protección hídrica.

Indígenas y ambientalistas dicen que el gobierno incumplió los acuerdos alcanzados, y responsabilizan al presidente de los efectos que pudieran tener las nuevas medidas que anuncian contra la minería.