Guatemala apunta a cambio cultural con reforma a ley de minería

Abordar la percepción negativa de la minería será un pilar clave de la modernización regulatoria en Guatemala, país que apunta a impulsar el crecimiento de la industria luego de años de estancamiento.

El cambio cultural es uno de los seis ejes fundamentales de un nuevo código minero en el cual se está trabajando desde el 27 de agosto, indicó el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, en una rueda de prensa.

La minería tiene un considerable potencial de crecimiento que podría impulsar la recuperación económica guatemalteca, aseguró el funcionario.

Sin embargo, el sector se ha visto frenado en parte por la oposición local.

En la actualidad las tres principales minas del país se encuentran suspendidas por resoluciones judiciales dictadas en los últimos cinco años, mientras que el activo de plata, plomo y zinc Escobal (en la foto) de Pan American Silver y la mina de oro Tambor de Kappes, Cassiday & Associates (KCA) también se han visto afectados por bloqueos viales y violentas protestas.

“En lo comunicacional, todo el mundo debe entender por qué debe existir esta industria, los beneficios que nos genera, lo necesarios que son los minerales para el estilo de vida que tenemos en el siglo XXI. Tenemos que generar a partir de la política este cambio cultural”, señaló Pimentel en una presentación sobre las actividades del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

CRECIMIENTO CONSIDERABLE

El objetivo general de la nueva política minera es allanar el camino para que el sector crezca, mientras se modifica la normativa ambiental y se busca una solución a la conflictividad antiminera.

Guatemala se encuentra entre las jurisdicciones mineras menos atractivas para la inversión a nivel mundial al situarse en el puesto 73 entre 79 jurisdicciones evaluadas en la Encuesta Anual de Empresas Mineras 2019 del Fraser Institute.

El país salió de la encuesta en la versión de 2020 debido a falta de respuestas.

“Lo que buscamos con la política minera es generar condiciones que demuestren cómo esta industria puede efectivamente ser motor de desarrollo para el país, pero hacerlo de una forma sostenible”, manifestó Pimentel.

“Esto implica establecer directrices que permitan la preservación del medioambiente, por supuesto, y permitan además la búsqueda de consensos sociales”.

En el frente económico, el ministerio apunta a transitar a una industria minera sostenible y competitiva.

“La minería, como pocas industrias en este país, tiene un gran potencial de crecimiento en el corto plazo”, indicó Pimentel. El sector podría expandirse a más de un 5% del PIB, muy por sobre su aporte actual inferior a 0,5%, agregó el ministro, que estima que esto obedece a la falta de políticas adecuadas.

REESTRUCTURACIÓN DE REGALÍAS

Otro componente clave de la reforma de políticas es garantizar que las comunidades —y el Estado— compartan los beneficios que genera la actividad minera, ya que esto podría contribuir en gran medida a generar apoyo de los habitantes locales a las operaciones en sus áreas.

Esto implica cambios al sistema de regalías y nuevas reglas para definir cómo se utilizan estos fondos en beneficio del país y, en particular, de las comunidades locales.

“En este país hay una discusión sobre la participación del Estado respecto a los beneficios económicos de la industria minera”, indicó Pimentel.

“Esa discusión hay que abrirla y hay que definir probablemente la modificación de la forma en que cobramos las regalías, pero estoy convencido de que, más importante que el monto, es qué vamos a hacer con este dinero”.

Las mineras pagan actualmente una regalía de 1% sobre sus ingresos brutos, pero las autoridades están evaluando un impuesto variable en función del mineral producido y el tamaño de la operación, con tasas potencialmente más bajas para las minas no metálicas y las operaciones artesanales o de pequeña escala, indicó Pimentel.

NORMATIVA AMBIENTAL

El ministerio también apunta a definir en la nueva política normas ambientales que se alineen con los estándares internacionales.

Esto dará claridad a los inversionistas sobre qué se espera, pero también ciertas garantías de que las reglas no cambiarán significativamente en el tiempo, agregó el ministro en la conferencia.

Otros elementos de la nueva política son mejoras regulatorias, entre ellas más facultades para el personal de fiscalización, trámites más ágiles y la eliminación de documentación innecesaria.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Otro objetivo es resolver los conflictos mineros.

El MEM está realizando consultas con las comunidades indígenas en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo con el objetivo de reanudar las operaciones en Escobal y en la mina de níquel Fénix de Solway Investment Group.

Este proceso se ha retrasado debido al COVID-19, pero debiera concluir en los próximos meses, señaló durante el evento el viceministro de Desarrollo Sostenible, Óscar Pérez.

El ministerio también se ha reunido con las comunidades indígenas en Tambor, también conocida como Progreso VII, indicó Pérez.

KCA presentó una demanda de arbitraje contra el país por la suspensión de la mina.