La batalla judicial por el Tren Maya no se detiene

La junta de turismo de México, Fonatur, todavía tiene algunos recursos legales a su disposición para levantar la serie de medidas cautelares que le impiden iniciar nuevas obras de construcción en los primeros cuatro tramos del proyecto del Tren Maya, cuyo costo se estima en 161.000 millones de pesos (US$8.000mn).

Las medidas cautelares destinadas a detener la construcción del enlace ferroviario de pasajeros y carga de la zona sureste del país aún no se resuelven, dijo a BNamericas Mariano Calderón, socio de la firma de abogados Santamarina y Steta, quien agregó que los casos pueden demorarse bastante y que el equipo jurídico de Fonatur todavía puede revertir la situación.

“El Gobierno Federal tiene la disponibilidad de interponer un recurso de revisión en contra de esas suspensiones que serán revisadas por un tribunal colegiado y en ese momento se determinará si se confirman o se revocan”, señaló.

En un comunicado emitido el martes, Fonatur reconoció las medidas cautelares, lo que no hizo con otros procesos judiciales, e indicó que espera llevar los casos a un organismo más "imparcial" y con "mayor conocimiento en el derecho ambiental".

MEDIDAS CAUTELARES

Grupos sociales y ONG anunciaron el lunes que un tribunal ordenó la suspensión definitiva de las obras del Tren Maya en tres municipios del estado de Yucatán –Chocholá, Mérida e Izamal– donde está previsto el tercer tramo de 172km de la línea para conectar Calkiní con Izamal.

El juez había concedido a los grupos una suspensión provisional el 20 de enero.

El argumento detrás de las medidas cautelares es que los derechos de los grupos indígenas fueron violados, ya que el gobierno no proporcionó información suficiente sobre las manifestaciones de impacto ambiental (MIA). Fonatur anunció en julio del año pasado que había presentado las MIA regionales por los tres primeros tramos y la que Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) los aprobó todos en diciembre.

Las tres suspensiones se suman a al menos otros cinco requerimientos desde que comenzaron las obras el año pasado. En diciembre, otra ONG anunció que un tribunal distrital otorgó una suspensión definitiva de las obras del proyecto en Campeche, que cruza el segundo tramo.

Fonatur ha dicho en varias ocasiones que los recursos contra el Tren Maya están siendo interpuestos por grupos con agendas políticas y económicas extranjeras y que una encuesta reciente realizada por la consultora Buendía & Laredo arrojó que el 80% de la población de Mérida aprueba la construcción del proyecto.

El gobierno también dio a conocer en agosto una lista de empresas extranjeras que supuestamente están detrás del financiamiento de las ONG y grupos que se oponen a la construcción del que se considera el proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fonatur aún debe comenzar la construcción de otros tres tramos de la línea en el estado de Quintana Roo.

"Es una garantía constitucional que tienen todo ciudadano y Mexicano de poder acudir ante el poder judicial para pedirle que revise si un activo se puede apegar a la ley o no", aseveró Calderón, y añadió que no hay límite al número de apelaciones que una persona o grupo puede presentar.

¿CONTINUARÁN LAS OBRAS?

En su comunicado, Fonatur anunció que las obras continuarían, pero sin violar la orden.

“La suspensión concedida no tiene efecto sobre la rehabilitación, mantenimiento ni modernización del derecho de vía existente, ni en la ejecución de estudios o tramitación de permisos, por lo que, las obras del Tren Maya continuarán con normalidad en las zonas de Yucatán donde aplica este supuesto, con el compromiso de seguir generando empleos y recuperación económica en el estado”, sostuvo la directiva.

La construcción de los siete tramos del proyecto ferroviario se divide en dos etapas. El primero involucra trabajos en los derechos de servidumbre existentes y el segundo en nuevas áreas, según Fonatur.

Las ONG y los grupos indígenas detrás de las apelaciones declararon a los medios locales la semana pasada que Fonatur sigue trabajando en Yucatán a pesar de las medidas cautelares.