Laberinto regulatorio entrampa expectativa de desaladoras en Chile

Los problemas regulatorios aún conducen a largos tiempos de espera y limitaciones de financiamiento para los proyectos de desalinización en Chile, según el gremio de productores Fedefruta y la asociación de servicios hídricos Andess.

“Nosotros partimos como caballo de carrera con la desalinización y ahora estamos estancados en la discusión política. Eso es porque no tenemos una institucionalidad clara. La burocracia del agua nos tiene absolutamente entrampados”, dijo el presidente de Fedefruta, Jorge Valenzuela, durante un seminario web organizado por el grupo de expertos en infraestructura CPI.

El productor agrícola añadió que esto también afecta a otros proyectos hídricos, y aclaró que 44 entidades se ocupan del agua en Chile.

“Por tanto hablar sobre un proyecto de agua en este país, es entrar en un túnel de burocracia tremendo”, lamentó. También citó como ejemplo el embalse del río Lontué, en la Región del Maule. Los inversionistas potenciales se retiraron después de darse cuenta de que tomaría de seis a siete años solo obtener todos los permisos, más otros siete años para la construcción.

La mayoría de los proyectos de desalinización en Chile se enfocan en proporcionar agua a las operaciones mineras de la zona norte.

Según la titular de Andess, Jessica López, de los 238 sistemas de producción de agua potable del país, solo 3 utilizan plantas desaladoras.

En respuesta a una pregunta de BNamericas sobre si las empresas de servicios públicos podrían aumentar la desalinización, López dijo que estas instalaciones se ejecutarán siempre que el costo pueda incorporarse a las tarifas de construcción y operaciones.

Además destacó que la planta desaladora recién terminada en Atacama es una “anomalía”, ya que en ese caso, el Estado decidió hacer la inversión de manera de que el costo no fuera a la tarifa, sino sólo a la operación.

López indicó que hay alrreredor de cinco proyectos de ley en el Congreso con diferentes propuestas de regulación.

“Uno autoriza al Estado a instalar plantas desaladoras, otro obliga a la minería a usar agua desalada, otro establece que el agua desalada va a ser un bien nacional de uso público”, manifestó.