Los efectos de una reforma tributaria en Chile sobre las concesionarias

La reforma tributaria que se debate en Chile podría afectar gravemente a las concesiones de infraestructura, incluso a aquellas que no han iniciado sus operaciones o generado ganancias, porque las nuevas reglas se aplicarían retroactivamente.

“Sería inviable cualquier reforma tributaria que afectara a las tasas, porque se podría argüir que se hizo un contrato a una tasa de 25% y no la pueden cambiar, entonces, obviamente afecta a los proyectos que vienen”, señaló Magdalena Brzovic, socia del bufete Brzovic & Cia, en respuesta a una pregunta de BNamericas durante un seminario web realizado por el Colegio de Ingenieros.

La reforma considera un impuesto de 22% sobre las utilidades distribuidas por las empresas. Por ejemplo, la concesionaria Autopista Central, que opera una de las principales vías de acceso a Santiago, distribuyó 31.000 millones de pesos (US$34 millones) en dividendos resultantes de las ganancias del año pasado entre los accionistas, según un comunicado dirigido al regulador del mercado financiero CMF.

Los operadores de carreteras han recibido fuertes críticas en los últimos años. Diversos grupos han exigido peajes más bajos o incluso su eliminación. Una comisión de la Convención Constitucional aprobó una propuesta para prohibirlos, pero la medida fue rechazada en el texto final.

Tras las protestas de octubre de 2019, que motivaron al establecimiento de la convención, el gobierno y los operadores de carreteras acordaron no subir los peajes por encima de la inflación.

En general, la experta señaló que la reforma tributaria sigue la línea de pensamiento que lideró las protestas de 2019, que es que el Estado debe garantizar los derechos sociales y financiarlos de alguna manera. Sin embargo, afirmó que el presidente Gabriel Boric “torpemente se cree que por subir los impuestos se va a aumentar la recaudación”.

El objetivo principal de la propuesta fiscal es aumentar la recaudación de impuestos a 4,3% del PIB una vez implementa por completo. También contempla un incremento del royalty minero, impuestos a rentas altas y el cierre de vacíos legales, además de un gravamen a los dividendos.