Operadores deberán compartir datos de los atacantes de Brasilia

El magistrado de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes dictaminó que los operadores móviles deben mantener registros de conexión y geolocalización de las personas que participaron en el asalto al poder en Brasilia para facilitar las investigaciones penales. 

De Moraes, que preside una investigación por actos antidemocráticos y encabeza el tribunal electoral TSE, tomó la decisión tras una solicitud de la Fiscalía General.

Miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron y destrozaron el Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial el domingo.

Según el magistrado, las empresas de telecomunicaciones, en particular, los proveedores de servicios móviles personales, deben mantener los registros durante 90 días.

La abogada penalista Dora Cavalcanti, socia del bufete Cavalcanti Sion Advogados, dijo a BNamericas que “solo el Ministerio Público puede acusar y definir conductas lícitas. Más importante que eso es el hecho de que tenemos una fase minuciosa de identificación completa de estas personas: quién estaba allí, quién grabó los videos, quién entró a los edificios, quién estaba saqueando bienes públicos”.

Cavalcanti defendió al exconglomerado de construcción Odebrecht en los primeros días de la investigación Lava Jato y es miembro sénior del Colegio de Abogados.

En respuesta a una consulta de BNamericas sobre la solicitud, la asociación Conexis Brasil Digital dijo que “los proveedores asociados a Conexis Brasil Digital informan que cumplen con las decisiones judiciales y aclaran que todos los registros de conexión de las redes móviles de las empresas ya están almacenados por un plazo superior al exigido, de conformidad con la ley”.

En un comunicado conjunto, el regulador de telecomunicaciones Anatel y otros organismos de control señalaron que “la invasión y devastación de edificios públicos son inaceptables y constituyen una total falta de respeto a la democracia y a las instituciones brasileñas”.

“Es necesario que haya una rendición de cuentas y que dichos agentes sean sancionados con rigurosidad para que no vuelvan a ocurrir hechos como estos”, agregó.

Otras entidades de la industria de TIC expresaron igualmente sus preocupaciones.

“La [asociación de empresas de centros de llamados y firmas que instalan y dan manteniendo a infraestructura de redes de telecomunicaciones y TI] Feninfra repudia los actos de vandalismo, depredación del patrimonio público e invasión de la sede de los tres poderes de gobierno en el Distrito Federal. Actos como estos son muy dañinos para la democracia, el país, la economía y la imagen internacional de Brasil. Son acciones criminales que faltan el respeto a la Constitución, las instituciones y el Estado de derecho”.

"La entidad, como representante de un sector que integra la cadena de valor de la transmisión de datos, información y medios defiende el derecho a la libre expresión y pensamiento y a las acciones pacíficas y cívicas, pero no se toleran las acciones violentas", agregó. "Los hechos deben ser debidamente investigados y quienes correspondan ser responsabilizados de conformidad con la ley”.

También en un comunicado, la asociación de la industria de software ABES "condena enérgicamente los actos de vandalismo ocurridos este domingo en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia".

“Esperamos una actuación enérgica y rápida de las autoridades constituidas, dentro de los límites del Estado de derecho, para la investigación de los hechos y la debida responsabilización de los agentes”, dijo la agrupación en un comunicado.

"Con el propósito de contribuir a la construcción de un Brasil más digital y menos desigual, en el que las TI juegen un papel fundamental en la democratización del conocimiento y la creación de nuevas oportunidades para todos, ABES está en contra de cualquier acción de violencia y reitera su apoyo irrestricto al Estado de derecho", añadió.

El secretario de Comunicación Social, Paulo Pimenta, dijo en un comunicado que los invasores al palacio de Planalto también robaron armas y “muchos discos duros”. No hay disponible información sobre el paradero de estos discos duros o su contenido.

DATOS

“Ya no podemos llevar a cabo una investigación, menos una de este tipo, basada únicamente en los relatos de testigos, por ejemplo. Hay una serie de medidas tecnológicas que tienen que obrar a favor de la investigación, siempre sustentadas en la debida decisión judicial”, declaró Cavalcanti.

Citó el ejemplo del sistema Detecta, que usa el estado de São Paulo para identificar automáticamente los vehículos a través de cámaras de vigilancia y que, según ella, ha sido útil en diversas investigaciones.

Según la abogada, los sistemas de peaje y los radares de velocidad también pueden y deben emplearse para rastrear los buses o vehículos que vinieron de otros estados para participar en el asalto.

Además de los registros de telecomunicaciones, De Moraes ordenó el bloqueo de los perfiles de los participantes en redes sociales. En caso de incumplimiento de la orden, las plataformas estarán sujetas a multas diarias de 100.000 reales (US$19.000). Hasta el momento se han bloqueado 18 perfiles.

En EE.UU., Meta —controlador de Facebook, WhatsApp e Instagram— ya había informado que eliminaría cualquier contenido que apoye o alabe el saqueo de edificios públicos brasileños.

Cavalcanti indicó que los cargos probablemente se relacionarán con intentos de golpe de Estado y actos contra el Estado de derecho. Ambos están incluidos en la ley de seguridad nacional, aprobada por el Congreso y promulgada por Bolsonaro en 2021.

La experta sostuvo que otro paso “complejo, pero igual o más importante” en la investigación se refiere a posibles omisiones de las autoridades, como la del gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, suspendido de sus funciones por 90 días, así como la identificación de financistas.

“Además de ponerse a disposición para asegurar el funcionamiento de las instituciones de Brasil, el propio presidente Lula tomó una de las principales medidas en ese sentido, de sostener una reunión en el devastado palacio”, indicó. “El Colegio de Abogados del Distrito Federal tiene que ser muy activo para entender el nivel de omisión de Rocha”.