Panorama regulatorio de TIC: Perú, Chile, México

La Justicia peruana reconoció la obligatoriedad de Azteca Comunicaciones, excontratista de la red de fibra óptica dorsal RDNFO, de adquirir la propiedad de los terrenos donde se han construido los nodos de la red.

La compañía buscaba anular el laudo arbitral de 2021 con el objetivo de que sea el Estado, actual operador de la red mayorista, el que se haga cargo de la adquisición.

Los terrenos e inmuebles donde se ubican los nodos de la red dorsal están valorizados en US$20 millones.

“Con este fallo judicial el [Ministerio de Transportes y Comunicaciones] MTC ha evitado que se genere un perjuicio económico al Estado y que se reafirme la obligación de la empresa a cumplir sus obligaciones contractuales estipuladas en el contrato de concesión”, detalló el procurador público del MTC, David Ortiz Gaspar.   

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Juscelino Filho, ministro de Comunicaciones de Brasil que eligió el presidente Luis Inácio Lula da Silva, mantendrá a dos importantes funcionarios del ministerio. 

Se trata de Maximiliano Martinhão y Wilson Wellisch, que ejercerán como secretarios de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, respectivamente.

Martinhão fue secretario de Radiodifusión en el gobierno de Jair Bolsonaro y secretario de Telecomunicaciones en el gobierno de Dilma Rousseff, según informó el medio local TeleSintese. En tanto, Wellisch ya se desempeñó en el ministerio en áreas de radiodifusión y telecomunicaciones bajo la gestión de Bolsonaro, además de presidir por un breve período el regulador Anatel.

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El regulador peruano Osiptel declaró infundados los recursos presentados por las compañías de telecomunicaciones Telefónica del Perú y Entel contra resoluciones punitivas por incumplimientos en la calidad de servicio y cobertura.

Osiptel confirmó la Resolución 140/2022 contra Telefónica y confirmó que debe pagar 37 multas de 1,23 unidades impositivas tributarias (UIT, equivalentes a 4.950 soles [US$1.300 soles]) cada una y otra de 150 UIT por el incumplimiento del reglamento sobre la supervisión de cobertura de los servicios públicos de telecomunicaciones.

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Entró en vigor en Chile la norma que obliga a las telecos a bloquear los dispositivos robados con el fin de evitar su comercialización informal. El bloqueo se realizará a través del IMEI.

“Con esta medida de bloqueo de celulares robados vamos a desincentivar un tipo de delito que ha ido al alza”, sostuvo el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, en un comunicado del regulador Subtel. 

“Esto va a permitir, no solo agilizar los procesos de investigación y persecución, sino que por, sobre todo, inhabilitar la venta de equipos de telefonía celular empaquetados y nuevos, atacando en el corazón a un mercado, que no solo crece en Chile, sino que también en toda América Latina”, agregó.

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Osiptel decidió aplazar hasta el 31 de marzo el uso obligatorio de contraseña única en los trámites de nuevas contrataciones, cambios de titularidad y reposición de la tarjeta SIM, informó el diario local Gestión.

El dictamen iba a entrar en vigor el 12 de enero.

La medida tiene como objetivo prevenir la suplantación de identidad a la hora de contratar servicios o pedir reposición de la tarjeta SIM.

Con el mismo objetivo, a partir del 12 de enero entrará en vigor la validación biométrica de distribuidores autorizados que intervengan en la contratación de servicios móviles. La medida permitirá tener mayor trazabilidad en la contratación de servicios e identificar a quienes intervienen en el proceso de contratación.

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El regulador mexicano IFT abrió a consulta pública la evaluación bienal del impacto de las medidas asimétricas impuestas al agente económico preponderante América Móvil. 

La consulta estará abierta hasta el 15 de febrero de 2023 en este enlace.

La información recogida servirá como insumo en el procedimiento de evaluación del impacto de las medidas asimétricas sobre la competencia en el mercado, informó el regulador en un comunicado.

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Un grupo de legisladores de Somos Perú presentó un proyecto de ley para permitir que los usuarios de servicios de internet, móviles y de telecomunicaciones acumulen servicios no utilizados al final del período de facturación mensual para su utilización dentro de los meses posteriores.