Presidenta brasileña promulga ley anticorrupción dirigida a empresas de sector privado

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Lunes 05 de agosto, 2013

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, promulgó una ley que apunta a reducir la corrupción cuando las empresas locales y extranjeras del sector privado interactúan con el gobierno y el sector público.

El proyecto de ley fue aprobado por el Senado a principios de julio.

El principal objetivo es luchar enérgicamente contra las empresas privadas que tratan de sobornar a funcionarios públicos, cometer fraude para adjudicarse licitaciones y contratos del sector público y obstruir investigaciones en casos de corrupción.

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La nueva ley concede a las autoridades una serie de opciones en cuanto a los castigos para las empresas privadas que practiquen la corrupción, entre ellos fuertes multas, pérdida de activos, suspensión temporal de actividades y disolución forzosa de la empresa. Las empresas declaradas culpables de corrupción deberán también resarcir completamente los daños causados al sector público. Además, podrían perder el acceso al financiamiento de los bancos del sector público y a los subsidios, donaciones y otros incentivos del gobierno.

Para que las empresas privadas sean consideradas culpables, los fiscales ya no tendrán que probar la intención en los casos de corrupción que involucren al sector público, ni que la compañía terminó beneficiándose financieramente del hecho de corrupción.

El ministro jefe de la Contraloría General de la Unión, Jorge Hage, dijo que la nueva ley no solo es una herramienta muy importante contra la corrupción interna, sino que también ubica a Brasil a la altura de los máximos estándares internacionales recomendados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En un intento por promover una cultura de lucha contra la corrupción dentro de las empresas privadas, aquellas firmas que se vean envueltas en algún ilícito y que cuenten con controles internos anticorrupción podrían beneficiarse de sanciones atenuadas. La ley también incluye un mecanismo que permite reducir las sanciones a las empresas que denuncian casos de corrupción o que cooperan en ello.

La generalizada corrupción de Brasil y los débiles castigos para quienes la practican fueron algunas de las preocupaciones planteadas en las multitudinarias protestas callejeras que se extendieron por todo el país en junio y julio. Los legisladores habían señalado anteriormente que no se adoptarían medidas más estrictas contra la corrupción, pero las protestas parecen haber llevado a los legisladores a actuar con mayor celeridad en este frente.