Polémica en torno a elección de una ministra en Guatemala

Los planes de infraestructura del flamante presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, tuvieron un comienzo polémico al elegir a su ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Arévalo, de tendencia de izquierda, nombró a Gabinete el 8 de enero: son siete hombres y siete mujeres que ayudarían al mandatario en su cruzada contra la corrupción.

Entre las mujeres, Arévalo eligió a Diana Jazmín de la Vega Espinoza como titular del CIV, que “es el nombre más controversial de la lista”, dijo a BNamericas el analista Marvin Flores, de la ONG local Acción Ciudadana.

Según el medio Prensa Libre, De la Vega se desempeñó como jefa de la unidad de construcción de edificios del estado del CIV durante la presidencia de Óscar Berger en 2004 y 2005, y antes de eso fue legisladora entre 1996 y 2000 por el conservador partido Avanzada Nacional (PAN).

Sin embargo, renunció a su puesto en el CIV debido a supuestas irregularidades en 2005, incluido el pedido de 5.000 quetzales (US$640) a contratistas durante los procesos de licitación para construir cárceles. Según informaron los medios de la época, el dinero se habría utilizado para comprar un vehículo para supervisar las obras de construcción.

“No hay indicios de que hubiera habido apropiación personal de estos recursos. Sin embargo, sí reconocemos que no cumplió con los procedimientos legales”, manifestó el entonces ministro del CIV, Eduardo Castillo, según clips publicados por el medio TVGT Noticias.

“Es el nombramiento más controversial, pero no creo que afecte de forma significativa. Va a depender de cómo se desempeñe en sus funciones. Los primeros 100 días de gobierno son fundamentales", comentó Flores en entrevista con BNamericas.

Diario de Centroamérica informó el jueves que los planes de infraestructura de Arévalo incluyen la modernización de 500km de vías primarias y autopistas, y 1.820km de vías secundarias. En su programa también se incluye la inversión para modernizar o construir 1.500km de caminos rurales, así como la mejora de aeropuertos y puertos. El mantenimiento de proyectos de infraestructura vial podría superar los 27.000 millones de quetzales (US$3.500 millones).

Sin embargo, la nueva titular del CIV aún debe lidiar con los proyectos heredados de la anterior administración de Alejandro Giammattei.

“Habrá que ver cómo resuelve [De la Vega] casos controversiales como la autopista portuaria Escuintla-Quetzal, porque no hay modo que arranque; el puente Belice II, y el mantenimiento de la red de carreteras, que es un desastre”, indicó Flores.