Revolución tecnológica de México podría ocultar problema de ciberseguridad

México, desde una óptica, está en la cúspide de una multifacética transformación tecnológica con proyectos en carpeta que prometen amplios impactos industriales, económicos y sociales.

Por otra parte, la nación enfrenta una exposición precaria y creciente a amenazas digitales con una estrategia de ciberseguridad pública mal definida y claras fallas en su infraestructura de pagos financieros.

Tales errores se hicieron evidentes el 10 de agosto, cuando no fue posible realizar transacciones con tarjetas del sistema bancario en todo el país durante un lapso de siete horas, después de que Prosa, una empresa regulada de pagos, compensaciones y liquidaciones, experimentara fallas causadas por problemas eléctricos (según la empresa) que afectaron su infraestructura interna.

El incidente ocurrió solo un día después de que se conocieran detalles del ambicioso plan del gobierno de prohibir las transacciones en efectivo en estaciones de servicio y plazas de peaje, una medida que podría impulsar significativamente la inclusión financiera y ayudar a combatir la corrupción que facilita el dinero en efectivo en la petrolera estatal Pemex.

El Banco Central y el regulador bancario CNBV emitieron declaraciones que indican que solicitaron información a Prosa y e iniciaron una investigación adicional sobre el incidente.

Sin embargo, cabría preguntarse qué podría haber sucedido si algo similar al incidente de Prosa –una situación que se prolongó de 11 a.m. a 6 p.m. un día sábado– hubiera ocurrido con una ley vigente, con embotellamientos en los peajes y gasolineras a nivel nacional, situación que impactaría el transporte de carga y comercial, así como a los automovilistas.

Durante un reciente evento, el director en México del grupo global The Software Alliance, también conocido como BSA, Kiyoshi Tsuru, instó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador a crear una agencia nacional de ciberseguridad que consolide el poder regulatorio para la seguridad en línea de los ciudadanos, gobiernos y empresas.

"Si la prioridad de esta administración es acercar el sistema financiero y las telecomunicaciones a la gente, la forma es con soluciones de tecnología de la información, y para que funcione se necesita un ecosistema con ciberseguridad", aseveró Tsuru.

Entre las principales iniciativas tecnológicas de México se encuentra un impulso de última milla para expandir la conectividad a internet, basándose en la infraestructura de la red eléctrica nacional (CFE Telecom) y el despliegue de la plataforma de pago de código QR del Banco Central denominada CoDi.

Todos los bancos de México con más de 3.000 cuentas deben estar listos para procesar pagos con CoDi antes del 30 de septiembre.

Los bancos están en camino de integrar sistemas avanzados de verificación biométrica, bajo un cronograma regulado por la autoridad, y México es el hogar de más fintechs que cualquier otro país en América Latina, incluido Brasil, gracias a un marco normativo innovador para el desarrollo de estas empresas que se ha convertido en un prototipo para una regulación similar en toda la región.

Sin embargo, los bancos han debido enfrentarse a desafíos adicionales, particularmente con oleadas de ataques bien coordinados que se iniciaron en abril de 2018 en el sistema de pago electrónico interbancario SPEI de la autoridad monetaria. Dichos ataques han generado la toma de medidas y producido múltiples cambios regulatorios. Sin embargo, estos continúan existiendo fuera de una estrategia de seguridad cibernética más amplia a nivel federal completo.

Otros megaproyectos de infraestructura, como la iniciativa ferroviaria Tren Maya en la península de Yucatán, representan para el gobierno una importante prueba a su estrategia de ciberseguridad, de acuerdo con Tsuru.

CRECIENTE URGENCIA

Tsuru, como informó el diario local El Universal, indicó que los ataques de malware han aumentado 35% en México en el último año, lo que ubica al país con el tercero con el mayor crecimiento de ataques en América Latina, solo detrás de Perú con 39% y Argentina con 62%.

Las pérdidas globales anuales debido delitos cibernéticos rondan los US$600.000mn. En un ño, esta cifra fue de aproximadamente US$3.000mn en México.

El director de BSA agregó que a nivel internacional la tendencia es que los gobiernos desarrollen una agencia encargada específicamente de los problemas de seguridad cibernética. Sin embargo, declaró que la estrategia nacional de ciberseguridad adoptada por la administración anterior a fines de 2017 "nació muerta", pues no se implementó antes del final del gobierno de Peña Nieto y no ha sido abordada por la administración de AMLO.

López Obrador ha ofrecido algunas señales de que le gustaría desarrollar un plan más integral, pero mientras sopesa estrategias, el sector privado avanza agresivamente en materia de ciberseguridad.

Un estudio reciente de ESI ThoughtLab y WSJ Pro Cybersecurity, indica que el gasto global de las empresas en ciberseguridad se elevará 34% en el próximo año fiscal, tras subir 17% durante el actual.

El estudio recopiló datos de 467 empresas de todos los sectores y sedes en 17 países. Otro hallazgo demostró que alrededor del 12% de las empresas encuestadas planean reforzar sus inversiones en ciberseguridad en más de 50%.