Sector brasileño de infraestructura inquieto por efectos a largo plazo de ataque a la democracia

Aunque las autoridades brasileñas actuaron rápidamente para restablecer el orden luego del ataque del domingo a las principales instituciones democráticas del país en la capital, Brasilia, ejecutivos del sector de infraestructura dijeron a BNamericas que están preocupados por el impacto a largo plazo.

Las transmisiones en vivo mostraron a miles de simpatizantes del exmandatario Jair Bolsonaro irrumpiendo y causando destrozos en el Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial. El evento se convirtió en la culminación violenta de las protestas contra la estrecha victoria electoral conseguida por Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta del 30 de octubre.

Según ejecutivos de importantes empresas de infraestructura que hablaron con BNamericas bajo condición de anonimato, existe preocupación de que una mayor tensión social lleve al gobierno de Lula a adoptar medidas más populistas, lo que conducirá a un aumento del gasto y obligará al Banco Central a mantener altas las tasas de interés por más tiempo de lo planificado.

Los efectos de largo plazo dependerán de la efectividad de las medidas de las autoridades, plantea un experto.

"Los próximos pasos serán decisivos para mantener el orden y mostrar a los inversionistas brasileños e internacionales que Brasil, a pesar de todo, enfrenta sus crisis dentro del orden constitucional y preservando sus instituciones. Dependiendo de cómo se implementen, la imagen de Brasil podría incluso salir fortalecida", dijo a BNamericas el especialista en infraestructura y project finance Paulo Dantas, del bufete Castro Barros Advogados.

"A riesgo de prolongar las dificultades que ha enfrentado durante décadas, Brasil no puede permitir que actos de esta naturaleza pospongan la ejecución de proyectos capaces de generar desarrollo", dijo en un comunicado la asociación local de industria e infraestructura Abdib.

“A juicio de Abdib, es fundamental que la discusión, definición e implementación de medidas que estimulen la economía y promuevan el bienestar social se realicen en un ambiente de plena democracia, solidez institucional y seguridad jurídica”.

La alianza de infraestructura de Brasil, foro empresarial que representa a las concesionarias de carreteras, aeropuertos, puertos y ferrocarriles, expresó también su preocupación: "Los actos violentos ofenden a las instituciones y también comprometen la estabilidad y la visión de los inversionistas sobre el país", dijo en un comunicado.

Se han efectuado más de 1.000 arrestos después de que Lula ordenara la intervención de efectivos federales. Por lo general, la seguridad se administra localmente, pero la Corte Suprema suspendió a Ibaneis Rocha, gobernador del Distrito Federal y aliado de Bolsonaro, por 90 días bajo sospecha de brindar colaboración tácita a los atacantes.

CAMBIOS EN LA AGENDA

La noche del lunes, Lula se reunió con todos los gobernadores estatales del país para solicitar que sus fuerzas policiales actúen con rapidez para detener cualquier brote de protestas violentas en las principales ciudades.

Lula admitió que los hechos provocaron algunos cambios en las prioridades en la agenda inicial del nuevo gobierno.

“Antes de mi toma de posesión había prometido que me reuniría con todos ustedes, gobernadores, en los primeros días de mi mandato para discutir los proyectos prioritarios para cada estado, pero hoy la agenda ha cambiado”, manifestó en la reunión, que fue transmitida en vivo por varios canales de televisión.

Durante la campaña electoral, Lula indicó que pediría a todos los gobernadores que identificaran los tres mayores proyectos de infraestructura pendientes en sus estados para que el Gobierno Federal cree una estrategia de apoyo.